El juez encargado de la investigación judicial de la adjudicación de obras en la Rúa Bedoya de Ourense ha tomado declaración como imputados a los tres empresarios que concurrieron al proceso en el Ayuntamiento y ha indagado durante hora y media sobre los motivos por los que se presentaron y cómo fueron invitados al proceso negociado sin publicidad.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 comenzó la toma de declaraciones de los imputados en el caso Bedoya a la espera de que se resuelva la recusación presentada por dos de los políticos imputados contra el titular del de instrucción número 2, Antonio Piña.

La investigación judicial ya cuenta con la declaración como testigos del interventor municipal y del jefe del servicio de infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense y este miércoles, tras varias anulaciones por el proceso de recusación, declararon como imputados los representantes legales de las empresas Oca, Opain y Orega que concurrió en UTE con Betunes y Firmes, todas ellas de Ourense.

La UTE y las otras dos empresas fueron invitadas a un procedimiento de "adjudicación negociado y sin publicidad, convocado con urgencia" para no perder una subvención para esas obras de mejora en la calle Bedoya, según el auto judicial de marzo de 2014, que recoge la cuantía de 623.009 euros para el importe de la obra licitada, tras la Junta de Gobierno del 6 de septiembre de 2008, cuyos integrantes están también citados a declarar como imputados en los próximos días.

Posible ampliación

El auto judicial de marzo dio inicio a un procedimiento "que se limita a examinar si concurren los indicios denunciados —por Democracia Ourensá— de prevaricación administrativa" por vulnerar la normativa que obligaba a su tramitación con publicidad "todo ello sin perjuicio de su posible ampliación a la concurrencia de otros delitos", según el juez.

En ese sentido, los tres empresarios que concurrieron invitados al procedimiento, fueron convocados por escrito para presentar sus propuestas entre las que OCA fue la adjudicataria final, cuyo representante legal lo es también de Betunes y Firmes, y a su vez padre del representante de Opain.

Los tres declararon como imputados por un posible delito de concertación para alteración del precio, en relación al de prevaricación administrativa denunciado por el grupo político municipal DO.

Los empresarios, según fuentes consultadas por Europa Press, respondieron en comparecencias separadas a preguntas del juez sobre cómo supieron del concurso público para las obras y los motivos por los que las tres propuestas presentaban tipografía y elementos comunes en su documentación, aunque los presupuestos para las obras eran diferentes.

Según fuentes próximas a la investigación, las bases para la adjudicación limitan el tipo de letra y elementos de la presentación de propuestas, lo que podría explicar, en parte, las similitudes de las tres.

Diez abogados

Las declaraciones de estos primero imputados contaron con la presencia de las secretarias de los juzgados de instrucción número 1 y 2, además de los abogados de casi todos los citados como imputados, hasta una decena. No están personados en la instrucción ni los denunciantes ni los tres empresarios.

Las siguientes declaraciones previstas son las del exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez, la edil de Urbanismo en 2008 y en la actualidad Áurea Soto y el exteniente alcalde nacionalista Alexandre Sánchez Vidal.

El exregidor está además imputado en la operación Pokémon y en el caso de las asistencias técnicas del Ayuntamiento de Ourense; la edil Áurea Soto lo está también en el caso de las asistencias técnicas, en el de la residencia universitaria, en el de la plaza de San Antonio y en otro por no dar acceso a un promotor a la información del Plan de Urbanismo y Alexandre Sánchez Vidal dimitió de su cargo en 2009 tras ser imputado en el caso de los paneles informativos, por el que finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo.

Los tres están citados para el jueves a partir de las 10,00 horas en el juzgado de instrucción número 1 y les seguirán los demás integrantes de la junta de gobierno local de septiembre de 2008, que adjudicó las obras y del que era asesor jurídico y ahora jefe de insfraestructuras Luis T.I., que declaró como testigo y lo hará como imputado el día 24.