La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Susana Polo ha tomado declaración a cinco personas, en calidad de testigos, que han dicho desconocer cómo se produjo la filtración de los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ni si el juez Elpidio José Silva tuvo acceso a estos correos, según informaron fuentes jurídicas.

La ronda de interrogatorios ha comenzado este lunes, a las 9.30 horas, con los testimonios de Reinaldo López, Luis Suárez, Juan Antonio Aliaga, Miguel Colmenero y Miguel Ángel Gallardo. Todos ellos han declarado y han negado haber colaborado en la difusión de los correos corporativos del exbanquero.

En las comparecencias, varios testigos han sido preguntados por su relación con el Partido X o las relaciones de Silva. El pasado viernes, una antigua amiga íntima del juez declaró que éste le dijo que disponía de los correos de Blesa y que guardaba en su domicilio el sumario de la investigación, según las fuentes consultadas.

Precisamente, el abogado Reinado López ha sido cuestionado sobre el color y el tamaño de alguna de las estancias de la residencia del acusado, así como sobre el Partido X. Ha indicado que Movimiento Red pensó en formar una coalición con la lista encabezada por el informático Hervé Falciani para las elecciones europeas, pero que el proyecto no salió adelante por discrepancias ideológicas.

La jueza, que pidió a la Editorial Planeta todas las versiones del libro La Justicia desahuciada escrito por Silva, ha preguntado a su letrado también acerca de este asunto. Reinaldo López ha explicado que intervino en la negociación y estudió el texto "de manera preventiva" para que no fuera objeto de querellas o denuncias, aunque no ha ahondado en el fondo por estar sujeto al secreto profesional.

El fundador del Movimiento Red Miguel Colmenero también ha sido cuestionado sobre la relación de la formación política con el Partido X, así como por sus conocimientos informáticos, a lo cual ha respondido que cuenta con un nivel de usuario avanzado.

La magistrada Susana Polo mantiene imputado en esta causa al juez Silva por un presunto delito del artículo 417 del Código Penal, que castiga al funcionario que revele secretos de terceros de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que conlleva penas de multa, inhabilitación e incluso prisión. La instructora quiere saber las personas que indiciariamente han sabido que Silva tuvo acceso al contenido de estos correos, "estudiaron con él su posible utilidad o le ayudaron a publicarlos". La defensa del juez ha pedido la recusación de Polo ante la Sala de lo Civil y Penal, después de que esta la rechazara por no tener interés en la causa ni haber perdido su imparcialidad.