El Gobierno reforma el marco de las renovables y rebajará en 1.800 millones su retribución

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros.
EFE
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto que fija el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos —el denominado régimen especial— y que supondrá un recorte de 1.700 millones de euros para este año.

Según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los objetivos son "dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector".

Junto a esta normativa, que se completa con una orden ministerial, se ha aprobado otro real decreto para aumentar la "eficiencia" en las colocaciones del déficit de tarifa, desfase acumulado entre los ingresos y los costes del sistema.

Junto a esta normativa, que se completa con una orden ministerial, Soria ha apuntado que se ha aprobado otro real decreto para agilizar y aumentar la "eficiencia" en las colocaciones del déficit de tarifa, deuda creada por la diferencia acumulada entre los ingresos y los costes del sistema y que supera 30.000 millones. Precisamente Soria ha señalado al coste de las renovables como una de las causas de la generación del déficit de tarifa y ha dicho que había que tomar medidas porque sino se iba "a la quiebra".

Sustituye al de primas

El nuevo sistema para las renovables, que sustituye al de primas, establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una rentabilidad razonable vinculada a la evolución de la deuda pública para toda la vida útil de cada instalación. Así, cada planta cobrará en función de la inversión, lo recibido hasta ahora y su vida útil. Con este esquema, hay plantas, fundamentalmente parques eólicos, que dejarán de recibir retribución adicional.

Soria ha dicho que, como esa rentabilidad "razonable" está vinculada a la evolución de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, actualmente ronda el 5,8%. No obstante, fuentes de Industria han subrayado que la referencia del bono será la correspondiente a cuando se aprobó la ley del sector eléctrico y que situaba la rentabilidad en el 7,5 %.

El año pasado, las primas a este régimen sumaron 9.000 millones en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones con el nuevo esquema retributivo. Según los cálculos del Ejecutivo, las tecnologías del régimen especial recibirán 200.000 millones de euros de retribución en toda su vida útil. Desde este año, serán 142.530 millones a los que se suman los 56.294 millones que han cobrado desde 1998.

Duras críticas del sector

Al largo proceso de tramitación de esta norma, casi un año, le han acompañado las duras criticas del sector que ha estado todo este tiempo trabajando con ingresos provisionales que ahora deberán ajustar.

Las renovables, que han anunciado recursos contra la nueva normativa, tachan los cambios de retroactivos y acusan al Gobierno de cercenar la seguridad jurídica de los inversores y de querer acabar con el sector.

Tras la aprobación del real decreto, se abren nuevos frentes jurídicos para el Estado, que ya suma seis arbitrajes de fondos internacionales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Las normas aprobadas son recurribles directamente por los afectados, que además podrán reclamar las liquidaciones anuales de ingresos que realiza la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

El Gobierno insiste en una reforma necesaria para ajustar un sistema, el eléctrico, que estaba al borde de la quiebra y a la necesidad de "defender el interés general" en un país con unos elevados precios de la electricidad.

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