El exmáximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha renunciado a su declaración indagatoria ante la jueza Mercedes Alaya, prevista para el 12 de junio, dado que se trata de un trámite "vacío de contenido" que solo servirá para su "incriminación mediática".

Ruiz de Lopera, en un escrito, dice que a lo largo de los seis años de instrucción de la causa su abogado "ha ofrecido completas, exhaustivas y minuciosas explicaciones" y la declaración indagatoria, prevista tras el procesamiento por su gestión del club, "carece de contenido procesal" pues "no se ha aportado dato o elemento nuevo a la causa" desde su última comparecencia.

Por ello, la defensa propone suspender su citación y dar por reproducida su última comparecencia ante Alaya, el 14 de noviembre de 2013, cuando Lopera se acogió a su derecho a no declarar.

Con ello se logrará "mayor agilidad del procedimiento", no sufrirá ninguna merma el derecho de defensa y se protegerá mejor la persona del imputado, dado que su comparecencia judicial "únicamente tiene como consecuencia la proyección a la opinión pública de una incriminación mediática".

El escrito aprovecha para recordar que, según la ley de Enjuiciamiento Criminal, "la detención y prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio", en una norma referida al preso pero aplicable también al imputado.

La jueza Alaya, una vez concluida la instrucción de la causa, ha citado al empresario Luis Oliver, que compró las acciones a Lopera; al exvicepresidente Ángel Martín, al sobrino de Lopera Francisco Javier Paez y a otras personas que figuraban como titulares de sus empresas.

La comparecencia de Lopera se había atrasado al 12 de junio por otros compromisos de su letrado.

En el auto de procesamiento dictado el pasado 8 de mayo, Alaya acusó a Lopera de haber llevado a cabo un "plan preconcebido" para descapitalizar el club desde que fue vicepresidente económico, proyecto que diseñó "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio".

La jueza ha cuantificado el "beneficio final y el correlativo perjuicio para el Real Betis" en las catorce temporadas bajo Lopera en "la imponente suma" de 24,9 millones de euros.

Sobre Oliver, la juez indicó que se habría incorporado al "proyecto criminal" iniciado por Lopera como "cooperador necesario" al comprar las acciones "a sabiendas del carácter litigioso de las mismas" para intentar "hacer ineficaz cualquier pronunciamiento judicial sobre ellas".