Galicia Bilingüe defiende la marcha de 2009 y afirma que "quienes la reventaron tiraron piedras y botellas"

La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, ha defendido este miércoles que la manifestación de febrero de 2009 era "legal" y contaba "con todos los permisos" con el objetivo, según ha dicho, de "reclamar la libertad de elección". Frente a esto, ha denunciado que "los que la reventaron tiraron piedras y botellas". "Si eso es defender el gallego...", ha expresado.

La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, ha defendido este miércoles que la manifestación de febrero de 2009 era "legal" y contaba "con todos los permisos" con el objetivo, según ha dicho, de "reclamar la libertad de elección". Frente a esto, ha denunciado que "los que la reventaron tiraron piedras y botellas". "Si eso es defender el gallego...", ha expresado.

En declaraciones a Europa Press, Lago, que declarará en calidad de testigo el próximo viernes, día 23, en los Juzgados de Fontiñas de Santiago de Compostela —está citada para las 9,00 horas en el Juzgado de Instrucción número 1—, responde así a las declaraciones de tres de los 12 independentistas que serán procesados a partir del martes 20 por supuestos delitos de atentado contra la autoridad y alteración del orden público, entre otros.

"Espero muy poco del juicio. Después de lo que he visto, no confío en la Justicia", señala la portavoz de Galicia Bilingüe, quien celebra que "por lo menos sean juzgados". "Porque destrozaron todo a su paso, colocaron ruedas incendiadas en las entradas de la ciudad e intentaron causar daño físico y evitar el ejercicio del derecho de manifestación", incide.

Gloria Lago, que se manifiesta "muy enfadada" ante la actitud de los independentistas, que han acusado este miércoles a Fiscalía de "judicializar un conflicto lingüístico", desvincula a su organización de partidos políticos, aunque indica que, tras la pancarta, aquel día, había líderes políticos de PP, Ciudadanos y UPyD.

Galicia Bilingüe, según apunta, no se personó en esta causa al ser conocedora de que ya lo hacía el Ayuntamiento de la capital gallega, debido a "los destrozos". La Fiscalía pide para 12 personas penas de cárcel por un total de 45 años y más de 30.000 euros por daños patrimoniales.

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