El juez se inclina por dejar la fuga policial de Aguirre en un juicio de faltas "al no haber agresión"

  • El juez le imputará previsiblemente una falta contra el orden público por desobediencia leve, lo que acabaría en multa si es declarada culpable.
  • Descartan el delito de desobediencia a la autoridad, que implica pena de prisión, "porque no hubo fuerza contra los agentes ni intimidación", según fuentes del TSJM.
  • En los próximos días se dictará el auto de citación para el juicio, que podría celebrarse "en el plazo de mes y medio o dos meses", según fuentes judiciales.
  • La oposición pregunta al Ayuntamiento por qué la Policía Municipal no le hizo un control de alcoholemia ni se la llevó esposada a comisaría.
La expresidenta madrileña, durante la boda de José María Aznar Botella y Mónica Abascal.
La expresidenta madrileña, durante la boda de José María Aznar Botella y Mónica Abascal.
GTRES
La expresidenta madrileña, durante la boda de José María Aznar Botella y Mónica Abascal.

El incidente de tráfico de Esperanza Aguirre y su posterior huida de la Policía por las calles de Madrid se quedará, previsiblemente, en un juicio de faltas. El juez que instruye el caso, Carlos Valle, y la Fiscalía de Madrid se inclinan por imputarle una falta contra el orden público y descartan juzgarla por un delito de desobediencia a la autoridad "al no haber agresión, fuerza ni intimidación", según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El auto judicial se dictará en los próximos días ("seguramente, el viernes", según el TSJM). En este escrito, el juez dará sus argumentos y citará a Aguirre para un juicio que "podría celebrarse en el plazo de mes y medio o dos meses", añaden fuentes judiciales.

Con el Código Penal en la mano, el juez se decanta por llamarla a juicio por una falta contra el orden público. Si finalmente toma esta decisión, lo hará basándose en el artículo 634 del código, que tipifica como autores de esta infracción a "los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones". El atestado de la Policía Municipal refleja que Aguirre estacionó sobre un carril bus y cuando los agentes iban a sancionarla ella se montó en el coche, golpeó a una moto policial y huyó hacia su casa, mientras dos patrullas la seguían ordenándole que se detuviera.

Si es declarada culpable, Esperanza Aguirre será condenada al pago de un multa: "[Los que incurran en esta falta] serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días", según el citado artículo. "No hay un baremo fijado para decidir la cuantía, aunque lo más habitual es que se impongan entre 25 y 30 euros por día", indican fuentes del TSJM. Siguiendo esta escala, la sanción final oscilaría entre 300 y 1.800 euros. "Aunque también se suele incrementar la cuantía en función de los ingresos del condenado: a una persona con más recursos económicos se le puede imponer una multa mayor", aclaran dichas fuentes.

Delito de desobediencia a la autoridad

La otra opción era imputarle un delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 550 del Código Penal: "Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas". El artículo 556 establece para ellos una "pena de prisión de seis meses a un año".

En este caso, según portavoces del TSJM, "el juez ha considerado que Aguirre cometió una desobediencia leve. Para que sea grave y, por tanto, delito tenía que haber habido agresión verbal o física, como un empujón o insultos, pero el atestado policial no refleja nada de eso. El golpe a la moto no se puede entender como agresión, porque no se hizo contra las personas". Además, dichas fuentes concluyen: "No pasa de ser un rifirrafe entre una persona y la autoridad".

Sin embargo, otros expertos jurídicos aseguran que hay antecedentes de "comportamientos similares que han sido considerados delitos", como apunta el abogado Luis Díez. "Ha habido casos en que se ha imputado desobediencia grave por huir desoyendo las órdenes de detención. A grandes rasgos la diferencia estriba en el juicio de valor que  haga el juez y en la valoración que haga de la mayor o menor gravedad del comportamiento y de su lesividad potencial", añade Díez. Aunque aclara que estos casos acaban "mayoritariamente en falta".

"¿Por qué no fue conducida a comisaría?"

Por su parte, la oposición municipal ha criticado este miércoles la actuación de la Policía durante el suceso con Aguirre. El socialista Pablo García-Rojo ha preguntado al concejal de Seguridad, Enrique Núñez, por qué la presidenta del PP de Madrid no fue sometida a un test de alcoholemia "tras el arrollamiento de la moto y después de hacer caso omiso a la orden de parada de los agentes de movilidad".

"¿Por qué no fue conducida a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para que hiciera una declaración sobre estos hechos por desobedecer a los agentes de la autoridad? ¿Esta decisión tiene que ver con alguna orden comunicada por emisora por parte de un mando del Cuerpo? Porque este sería el protocolo habitual", ha espetado García-Rojo. Núñez ha contestado que el suceso es "objeto de una investigación judicial" y que será el juez instructor "quien valorará las circunstancias de lo ocurrido y no un responsable político", tal y como debe hacer en un Estado de Derecho.

Las "infracciones" de Aguirre

Estacionó en el carril bus: El día 3 de abril, a las 16.15 h, los agentes que patrullaban por Callao observan "un vehículo que está estacionado en el carril bus-taxi con las luces de emergencia encendidas, no encontrándose en el interior el conductor del mismo", según el atestado de la Policía Municipal.

Hizo "caso omiso" a los agentes: Aguirre estaba sacando dinero de un cajero y, al llegar a su coche, encuentra a los agentes. Según el atestado, "se aproxima a los agentes manteniendo una breve conversación para a continuación meterse dentro del vehículo. En el momento en que proceden a notificar la denuncia, la conductora comienza a realizar maniobras con la intención de iniciar la marcha y haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes de Movilidad de detener el vehículo".

"No les dio la documentación": El concejal madrileño de Movilidad, Diego Sanjuanbenito, ha relatado que en ese momento Aguirre (según la versión policial) "entregó numerosos papeles pero no el permiso de circulación, la tarjeta de la inspección técnica y el seguro obligatorio". La expresidenta de la Comunidad ha negado esta versión de los hechos. El atestado indica que Aguirre "facilitó la documentación del vehículo" al llegar a su casa.

Derribó la moto de un agente: Mientras los agentes le ordenaban que parase, Aguirre aceleró "golpeando con el lateral derecho del vehículo la motocicleta que se encontraba delante, tirándola al suelo".

Fuga por la Gran Vía: "Los agentes de Policía, seguidos de los agentes de Movilidad actuantes, salen tras el vehículo en cuestión, llegando a circular de forma paralela e indicando de forma verbal que detenga el mismo, haciendo caso omiso a las órdenes de estos agentes [...] hasta entrar en el garaje de su domicilio".

"No se le hizo test de alcoholemia": La oposición ha criticado que la Policía, pese a la actitud de Aguirre al volante, no le hiciera la prueba de alcohol, ni la detuviera para llevarla a comisaría ni "se la llevara esposada como se hace cuando un ciudadano desobedece".

Aguirre insiste en que entregó la documentación

La presidenta del PP de Madrid ha reiterado este miércoles en un acto de campaña de su partido en el barrio de Salamanca que al ser sancionada entregó "absolutamente todos los documentos" y ha reiterado que los agentes "mienten". Aguirre ha señalado que "la prueba de que los agentes de movilidad mienten" es que dijeron que tenía que entregar la ITV cuando su coche "es nuevo".

A su llegada al acto por las europeas, la alcaldesa Ana Botella no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación aunque sí lo ha hecho por la mañana afirmando que la "última palabra" la tiene el juez después de que el Ayuntamiento ya haya dicho "lo que tenía que decir".

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