La polémica ley de seguridad ciudadana que promueve el Ministerio del Interior incluye entre las novedades la obligatoriedad de los locutorios y cibercafés de registrar la documentación de todos los clientes que utilicen el teléfono público o Internet. Esta medida se incluye en el artículo número 24 del citado texto, según informa El Confidencial, y está vinculada a garantizar "la seguridad nacional".

El proyecto de ley —que pretende sustituir a la conocida como Ley Corcuera, de 1992— está siendo en estas fechas analizado por distintos organismos, tales como Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos. Y no deja de recibir críticas. Los jueces consideran que algunos de sus artículos colisionan con otras legislaciones en vigor.

El artículo 24 del borrador del anteproyecto, dentro de su capítulo IV, dedicado a las "Potestades especiales de policía administrativa de la seguridad" dice que "las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, tales como hospedaje, servicios de telecomunicaciones por medio del acceso a servicios telefónicos o telemáticos de uso público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, así como otras que reglamentariamente se determinen en atención a su importancia para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, deberán cumplir las obligaciones de registro documental".

La anterior ley contemplaba todos los negocios mencionados anteriormente, menos los servicios de telecomunicaciones por medio del acceso a servicios telefónicos o telemáticos de uso público. O sea, locutorios y cibercafés. La medida implicaría que ninguna persona indocumentada podría utilizar estos servicios, porque los establecimientos están obligados a registrar el número del DNI o un documento similar, y a escanearlo.

Jean Paul, propietario de un locutorio en el barrio de Delicias de Madrid, considera que se trata de una medida "equivocada" e "ineficaz". En su opinión no servirá para evitar ataques, "porque los terroristas pueden pillar una señal wifi y ya está. Otra cosa es que el Gobierno quiera distraernos de los problemas reales, poniendo que se preocupan de esto, mientras no se hace nada por mejorar la economía", opina. Como empresario del sector de afectados reconoce, sin embargo, que "si lo establecen, tocará cumplir". La norma contempla sanciones que van de 1.001 euros a 30.000 euros, dependiendo de la trascendencia de la infracción.