El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno que revise el régimen de jubilación anticipada y parcial que se aplica a los funcionarios públicos a y a los miembros de las Fuerzas Armadas, prestando atención especialmente a si las cotizaciones en el régimen de Clases Pasivas del Estado computan a efectos del retiro parcial.

En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión parlamentaria de Empleo, los nacionalistas gallegos recuerdan que la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, aprobada en 2007, ya mandataba al Gobierno a presentar un estudio sobre la regulación de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, de las Fuerzas Armadas y de la Administración de Justicia, dando un plazo de un año para ello.

Sin embargo, aún no se ha cumplido con esta obligación mientras los trabajadores de la función pública que cotizan tanto al régimen general de la Seguridad Social como al Muface "se ven obligados a recurrir a la Justicia para que se les reconozca la equiparación de derechos", particularmente en relación con la contabilización de las cotizaciones de Clases Pasivas a efectos de la jubilación parcial en el régimen general.

Sentencias contradictorias.

Una litigiosidad que, además, se está viendo agravada por la disparidad de las sentencias judiciales. Así, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó que las cotizaciones al régimen de Clases Pasivas no son computables porque la jubilación parcial no está reconocida en ese régimen, el Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de casación para unificar doctrina resolviendo que sí son computables esas cotizaciones para acreditar la carencia precisa para poder solicitar la jubilación parcial.

En estas circunstancias, y para evitar resoluciones "injustas" para algunos funcionarios, el BNG exige al Gobierno que en un plazo no superior a los seis meses dé cumplimiento a lo previsto en la Ley de Seguridad Social de 2007 y presente un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, de las Fuerzas Armadas y de la Justicia.

Dicho estudio debería hacer referencia tanto a la aplicación de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilación, como a las condiciones para que esta aplicación no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de protección social y a la homogeneización en términos equiparables de los diferentes regímenes.

Restricciones a la protección social.

En el mismo texto, el BNG también reclama al Gobierno medidas legislativas para "eliminar las restricciones de derechos a la protección social" que se incluye en el real decreto sobre el Cómputo reciproco de cuotas entre Regímenes de Seguridad Social, aprobado en abril de 1991.

En este sentido, los nacionalistas gallegos también tienen registrada en el Congreso una proposición de ley con la que plantean cambios en la Ley de Clases Pasivas y en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, a fin de atajar estas restricciones en tanto en cuanto se actúa "de manera integral" para resolver el problema y "equiparar" las prestaciones de los funcionarios con la del resto de trabajadores en las mismas circunstancias.

En dicho texto, que recoge Europa Press, el Bloque aboga por modificar el régimen de incompatibilidad recogido en la Ley de Clases Pasivas del Estado, de modo que las pensiones de jubilación, por incapacidad permanente para el servicio o por inutilidad se puedan compatibilizar con una actividad distinta a la que se venía realizando para el Estado siempre y cuando el trabajador no esté incapacitado para toda profesión u oficio. Hoy en día, la normativa permite la compatibilización si se cumplen determinados requisitos y con porcentajes de reducción de la pensión.

De hecho, en la Ley de Presupuestos de 2009 se decreta una reducción de hasta el 25% de las prestaciones en la jubilación por incapacidad total si se acreditan menos de 20 años de servicio, y en 5% por cada año completo de servicio hasta un máximo del 25% para quienes acrediten quince o menos años de servicio si la incapacidad no inhabilita para toda profesión u oficio.

"La mayoría de las pensiones que se conceden por incapacidad en el caso de los funcionarios son de este tipo", señala el BNG, que considera la medida un "recorte de los derechos" de los trabajadores públicos y un "ataque parcial" al sistema de pensiones. Por eso, aboga por una "mejora de la cobertura social de las clases pasivas, volviendo a la situación existente" antes de que se aprobara esa medida y, por ello, en la proposición de ley incluye su derogación.

Gran litigiosidad.

Por otra parte, los nacionalistas gallegos señalan que la exclusión del cómputo recíproco de cotizaciones tanto la jubilación parcial como las prestaciones en favor de familiares que reconoce la Seguridad Social cuando estén referidos a nietos, hermanos, abuelos e hijos sin derecho a pensión de orfandad, incluida en el decreto ley de 1991, esta generando una "gran litigiosidad" que tiene que resolver el TS ante la "controversia que se produce en sentencias de instancias judiciales inferiores".

Por ello, propone suprimir esas referencias para "garantizar la igualdad en el acceso a la jubilación parcial y las prestaciones a familiares de las personas cotizantes en el régimen de Clases Pasivas y general de la Seguridad Social.

En la proposición de ley se fija, por último, que la entrada en vigor de los cambios se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) salvo para las jubilaciones o incapacidades generadas a partir del 1 de enero de 2015, a las que "será de aplicación retroactiva lo dispuesto en esta ley".