El Ayuntamiento de Granada ha insistido en que las cuevas del Cerro de San Miguel que han sido desalojadas este jueves entrañaban un "peligro" para sus moradores, dado que estos espacios fueron declarados en ruina "hace mucho tiempo" y uno de ellos "ya se ha hundido".

A preguntas de los periodistas, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), ha considerado que con este desalojo se ha "cumplido una necesidad" por "una situación de riesgo que preocupaba a los funcionarios" municipales, al ser su responsabilidad si "ocurría alguna desgracia".

La edil ha explicado que las autorizaciones judiciales solicitadas para el desalojo han "ido llegando poco a poco" y "desde diferentes juzgados". El plazo para ejecutar las que llegaron primero vencía este viernes, por lo que "no se podía esperar más", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que el desalojo está enmarcado en un proyecto de mejora de la zona que ha sido aprobado en la Junta de Gobierno Local y cuenta con el respaldo de la Delegación Provincial de Cultura, al tratarse de una zona con protecciones paisajísticas y arqueológicas.

Según ha precisado, la actuación conlleva el sellado de las cuevas, que han sido rellenadas de tierra, y la recuperación de la inclinación y fisonomía de la ladera para dejarla como estaba inicialmente.

A esto le seguirá un procedimiento de "hidrosiembra", con la proyección de agua y semillas para crear una cubierta vegetal en el entorno que sirva también para contener la tierra y evitar arrastres con las lluvias. En este contexto, ha negado que el Ayuntamiento pretenda urbanizar en este entorno, al ser un terreno rústico y protegido en el que no está permitido construir de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

REALOJO

Preguntada por la posibilidad de que las personas desalojadas puedan ser realojadas en inmuebles de propiedad municipal, la edil ha precisado que el Ayuntamiento "sólo cuenta" con Viviendas Protección Oficial, cuya adjudicación está regulada por ley y, por ello, no pueden ponerse a disposición de los afectados.

Así, ha señalado que el delegado de Fomento y Vivienda, Manuel Morales, dijo "hace un mes que se ocuparía de proporcionar viviendas sociales a estas familias" y ha matizado que esta clase de inmuebles son gestionados por el Gobierno andaluz, dado que el Ayuntamiento no tiene competencias para ello.