La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, no asistirá el próximo miércoles a la conferencia sectorial del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas, en la que se debatirá el proyecto de real decreto que aborda cómo aplicar la lengua castellana y las lenguas cooficiales en los colegios.

El portavoz de la Generalitat y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha indicado en rueda de prensa que el Gobierno catalán está "molesto" con las "formas de actuar" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, a la hora de desarrollar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que un real decreto pondrá en práctica y que, según el Govern , es una "fijación" que relegará al catalán "por los siglos de los siglos". La Generalitat abogaba por reconducir el tema en una negociación con el Ministerio.

El tratamiento del castellano en la enseñanza en las comunidades con lengua cooficial es un asunto que debe tratarse en conferencia sectorial "sin demora" como aspecto de la reforma educativa que entra en vigor el curso que viene, según fuentes del Ministerio de Educación.

El consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha lamentado, a su vez, la "obsesión" del Gobierno del PP para "relegar el catalán por los siglos de los siglos".  Según las fuentes de Educación, el Gobierno garantizará la enseñanza en castellano para todo el alumno que lo solicite porque es un derecho constitucional, lo ha defendido así desde el principio y seguirá haciéndolo.

Han añadido que Rigau, al igual que el resto de consejeros, fue convocada a la reunión en tiempo y forma, es decir, con la antelación suficiente y el orden del día. Según las mismas fuentes, la consejera de Cataluña ha sido atendida siempre que lo ha requerido y se han escuchado sus peticiones.

Pero la inclusión de la propuesta del decreto citado en la conferencia sectorial es necesaria y no cabe dilación, han subrayado. El decreto en cuestión regula el procedimiento administrativo para el reconocimiento del alumnado de la educación básica a obtener una compensación por los gastos de escolarización en un centro privado en el que el castellano sea lengua vehicular, si la administración autonómica no provee una oferta "razonable".

El Estado deducirá o retendrá de la financiación autonómica el importe de los gastos de escolarización en centros privados asumidos por el Ministerio.