Anticorrupción pide 9 años de cárcel para los responsables municipales de una trama de cursos falsos

La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de prisión y multa de 272.134 euros para Ricardo Peydró y José Luis Solana, por "delito continuado de prevaricación, cohecho, falsedad y estafa" en la gestión del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE), entre 1996 y 1999.

En el escrito de calificación provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 6, la Fiscalía Anticorrupción impone, además, a Peydró y a Solana una multa de más de cuarenta y cinco millones de las antiguas pesetas e inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años.

La fiscalía pide también dos años de prisión y multas que van entre los 12.238 euros y los 127.168 para otros cuatro implicados en las presuntas "irregularidades" en la gestión del IMEFE, José Ramón Delgado (127.168 euros de multa), Víctor Blanco (15.463), Jesús Latorre (12.238) y Pablo González (50.991) por "delito continuado de cohecho".

Para otros dos implicados, Fernando Cisneros y José María Ariza, pide un año de prisión y multa de 66.272 euros.

Fraude generalizado

El conocido como "caso IMEFE" saltó a la opinión pública en enero de 2001 a raíz de las denuncias de la oposición municipal (PSOE e IU) sobre la existencia de cursos "fraudulentos" de formación para desempleados, cofinanciados por los fondos europeos (45 por ciento) y el Ayuntamiento de Madrid (55 por ciento).

El asunto llegó hasta el Tribunal de Cuentas, que, en 2004, entre otras irregularidades financieras, contables, administrativas y laborales, detectó la falta de un registro de contratos en el Instituto, el fraccionamiento de pagos o la ausencia de seguimiento y control de la financiación de los cursos.

La concejala de Hacienda del grupo municipal socialista, Isabel Vilallonga, declaró ayer que el escrito de Anticorrupción "confirma que en el caso IMEFE hubo fraude generalizado" y que las denuncias de la oposición "eran ciertas".

La edil socialista exige al Gobierno municipal que el Ayuntamiento se persone como acusación en esta causa por lo que ha supuesto de "desprestigio ante la Unión Europea y de malversación de más de mil millones de las antiguas pesetas".