En concreto, fue durante «la madrugada del jueves 15 al viernes 16, a las 4.40 horas y el pasado miércoles 21, a las 4.20 horas». Además, durante todo el fin de semana han actuado del mismo modo, pidiendo a la Policía que comprobara los hechos.

Por este motivo y ante «la dejadez del Concello», los vecinos seguirán adelante con sus reivindicaciones a partir de hoy, «pero esta vez llevaremos los papeles ante la Xunta», que es quien debe sancionar a los locales, dijo Quintana.

Todos piden más implicación a un Gobierno que, hasta ahora, se ha limitado a mantener diversas reuniones con los afectados y a aparcar inexplicablemente una Ordenanza del Ruido que prometió llevar a Pleno en enero. Según el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Figueroa, el retraso se debe a «que hay que cambiar algunos artículos». No obstante, mañana martes habrá otra comisión del ruido en el Concello y Quintana pedirá «explicaciones a Alberto Carballo», por el poco control que hay sobre los horarios de cierre.

No bajan los decibelios

El Gobierno local, por su parte, presentará a la asociación el borrador de la ordenanza, pero no incluye la reducción del nivel máximo de decibelios nocturnos permitidos (30), como pedían los vecinos. De seguir así las cosas, Quintana no descarta «acudir a los tribunales como han hecho en Zaragoza», donde un juzgado obligará al Ayuntamiento a pagar 385.000 euros a 55 vecinos de la zona de bares de Moncasi.

Locales sin licencia

Los afectados se presentarán como parte de la acusación en la causa interpuesta por el socialista Mauricio Ruiz contra el concejal Figueroa, tras reunirse con el abogado que lleva el caso. El edil popular está acusado de haber permitido, presuntamente, que determinados locales de copas de la ciudad sigan abiertos a pesar de no tener licencia tras haber dado una supuesta orden a la Policía para que no cerrara los negocios.