Veinticuatro diputados y senadores han visitado este jueves el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y en su mayoría, salvo los del PP, han exigido que se apruebe sin más dilaciones un reglamento para estos centros, además de denunciar deficiencias en el funcionamiento y la situación de los internos.

Todos los parlamentarios, menos los del PP, han considerado que el CIE de Barcelona debe ser reformado y mejoradas sus instalaciones, pero también han reclamado cambios legales para que los extranjeros que no han delinquido y están pendientes de expulsión por carecer de permisos de residencia o trabajo no tengan que estar sometidos a condiciones de privación de libertad similares a las de una cárcel.

La visita, a la que también han acudido miembros del Parlamento catalán así como el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha durado casi dos horas y, al finalizar, ha sido evaluada de forma muy distinta por los representantes del PP y del resto de partidos.

Por parte del PP, su diputado en el Congreso Antonio Gallego ha considerado que las instalaciones "son magníficas aunque las queremos mejorar", y sobre el reglamento que está pendiente ha explicado: "Ahora mismo se tramita en el Consejo de Estado, y creemos que estará listo muy pronto".

En cambio, ERC, ICV-EUiA y la CUP abogan por el cierre de los CIE y que los extranjeros pendientes de expulsión reciban un trato totalmente distinto. Según la diputada del PSC Esperança Esteve, el 46% de los internos del CIE se encuentran allí únicamente porque no disponen de permisos para residir en España, frente a casi el 60% que tiene antecedentes penales o está acusado de algún delito, y ha considerado que sin un reglamento en los CIE "todo es arbitrariedad".

"Aquí hay algo que huele a podrido, y no es porque las personas que están ingresadas no tengan dignidad, sino porque se pudren los derechos humanos", ha agregado el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà tras visitar el centro, en el que son internados extranjeros en situación irregular procedentes otras comunidades autónomas como las Canarias y ciudades como Melilla.

En cambio, CiU y PSC no reclaman la clausura de los centros, pero sí una reforma en profundidad y que exista un reglamento que evite irregularidades o situaciones injustas. El portavoz de CiU en el Senado, Josep Lluis Cleries, ha considerado que el reglamento no puede esperar y que si se están haciendo reformas en el CIE de Barcelona es porque ha habido un juez que lo ha exigido.

De hecho, la Dirección General de la Policía ha anunciado este jueves que habrá obras de mejora en este centro. También se ha informado de la creación de un servicio de orientación jurídica (SOJ) en el CIE, que el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, ha calificado de "gran paso en la defensa de las personas", pues a menudo el abogado que asiste al extranjero en el internamiento no es el mismo que le defiende en el procedimiento administrativo de denegación de entrada, devolución o sancionador.

Los abogados que trabajen en el SOJ ayudarán a los internos a contactar con su abogado, le informarán sobre la tramitación del expediente y le asesorarán en la presentación de peticiones y quejas sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. También actuarán en caso de solicitantes de asilo y víctimas de trata.

La plataforma Tanquem els CIEs (Cerremos los CIE) ha tachado de paripé la visita organizada por el Ministerio del Interior al CIE de la Zona Franca, pues ya no hay internado ninguno de los inmigrantes que denunciaron agresiones el 31 de diciembre y en días posteriores. La mayoría han sido puestos en libertad por orden judicial pero dos de ellos fueron expulsados del país.

De hecho, otros cargos políticos de instituciones europeas, españolas y catalanas pidieron visitar el CIE el día 10 pero su solicitud fue denegada porque "no estaba preparada", ha recordado en un comunicado la plataforma, que ha vuelto a denunciar la opacidad del centro que no se desvanece con una "visita oficial guiada" para mostrar la calidad de la comida o la higiene de las instalaciones.

La plataforma critica la falta de cámaras de seguridad en una de las celdas de aislamiento, los ángulos muertos de otras cámaras y aparatos que se estropean, lo que impide remitir a los juzgados las imágenes requeridas. El CIE también evidencia su falta de transparencia al no informar al juez de las agresiones y al impedir la entrada de médicos independientes.

También ha criticado el proyecto de reglamento pues "no supondrá cambios sustanciales en el funcionamiento de los CIE ni en el amargo día a día de los internos", pues entiende que responde más a "la necesidad de cambiar la imagen pública de los CIE" que a una voluntad real de querer garantizar los derechos y mejorar las condiciones de los internos.

El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, investiga la vulneración de los derechos de un interno que está en huelga de hambre desde hace 32 días y que el miércoles tuvo que ser atendido por personal médico en el centro de atención primaria (CAP) Manso y, posteriormente, en el Hospital Clínic, a los que ha solicitado información sobre su estado.

Tras analizar el caso, ha pedido al Ministerio de Interior que respete la voluntad del interno y que no le expulse hasta que finalice la protesta y se recupere; y a los organismos que supervisan el CIE, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que garanticen el seguimiento médico, regular y diario, y que este se adapte a su estado su varía a consecuencia de la huelga de hambre. De no ser posible, ha solicitado que sea trasladado a un hospital.