En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que rechaza la puesta en libertad del imputado, todo ello después de que la Fiscalía se hubiera opuesto a dicha solicitud, aunque no han trascendido más detalles del auto al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

En el recurso, el letrado de González Baró pedía su libertad alegando que la orden de ingreso en prisión no señalaba riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sino "peligro de reiteración delictiva", extremo que el abogado descarta absolutamente porque dada la proyección de esta causa judicial y su impacto en los medios de comunicación, "ya nadie quiere contratar con Fitonovo".

También alegó el abogado que la juez imputó a su patrocinado cinco hechos que pudieran ser constitutivos del delito de cohecho investigado en la causa en relación a la supuesta entrega de dádivas a cambio de los contratos, pero de estos supuestos cinco hechos la mayoría se habrían producido antes de 2010, por lo que se trataría de hechos atípicos desde el punto de vista penal y no podrían ser susceptibles de condena.

Según señaló el letrado del imputado en su recurso, dicha atipicidad vendría dada porque hasta la reforma legal de 2010 el Código Penal no sancionaba la conducta cuando las dádivas se entregaban 'a posteriori' y en señal de consideración, como "recompensa", de la petición realizada al funcionario público o autoridad.

De este modo, y dentro de la operación 'Madeja', únicamente siguen en prisión el propio empresario de Fitonovo y el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores. El abogado de Francisco de Amores recurrió el auto de prisión ante la propia juez, que desestimó dicho recurso.

El tercero de los encarcelados, el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad provisional después de que su familia abonara la fianza de 60.000 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya para poder abandonar la cárcel.

El caso sigue bajo secreto

La operación 'Madeja', actualmente bajo secreto y que ha sido desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil. En la primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron en prisión tres, quedando en libertad sin fianza el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.

CONTABILIDAD 'B'

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.

En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.