La corte dictaminó que es legal la norma promovida por la Casa Blanca, y que entró en vigor con la firma de Bush el 30 de diciembre de 2005, que afirma que esos detenidos -algunos de los cuales llevan más de cinco años sin ser procesados- no tienen la posibilidad de cuestionar su encarcelamiento en el sistema judicial estadounidense.

La corte de apelaciones del Distrito de Columbia concluyó por dos votos a favor y uno en contra que el Congreso estadounidense no se excedió en sus atribuciones al aprobar esa ley.

"Los tribunales federales no tienen jurisdicción en estos casos", señaló el juez Raymond Randolph en el dictamen.

Como consecuencia de ello, la corte desestimó los casos que han presentado gran parte de los prisioneros ante los tribunales y en los que alegaban "falta de jurisdicción".

La jueza Judith Rogers votó contra la decisión y afirmó en su declaración de desacuerdo que el Congreso no puede suspender el derecho de recurrir la legalidad de la detención, conocido como habeas corpus, "a menos que proporcione una alternativa adecuada".

La cuestión de los detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, en el sudeste de Cuba, también fue tratado por teléfono entre el presidente Bush y el primer ministro de Australia, John Howard, según informó el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un comunicado.

Howard pidió a Bush que agilice el juicio del australiano David Hicks, que lleva unos cinco años en Guantánamo bajo sospecha de terrorismo.

Su Gobierno pretende presionar también sobre el tema al vicepresidente Dick Cheney, que llegará a Australia el jueves.

Hicks fue apresado en Afganistán en 2001.