La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que los recortes en Dependencia han supuesto el cierre de 1.192 camas (plazas públicas) en residencias en sólo un mes, el de diciembre, cuando desapareció una plaza cada cuarenta minutos.

Según explica la organización que está detrás del Observatorio para la Dependencia, en España existen 382.523 plazas en residencias para personas mayores y de ellas, 130.424 son para personas en situación de dependencia. Esto supone 4,66 plazas por cada 100 mayores de 65 años, aunque la ratio oscila desde las 2,3 de Murcia o 2,9 plazas de Canarias hasta las 7,4 que se ofrecen en Castilla y León.

Según los Directores y Gerentes, "el desmantelamiento" de la Ley de Dependencia y la "amenaza" de la reforma local ponen en riesgo, además, el futuro de otras 567 residencias con más de 30.000 plazas dependientes de los ayuntamientos y entidades locales, lo que "hace presagiar un futuro de sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables".

La organización destaca asimismo que, cuando el PP llegó al Gobierno, 1.048.424 personas eran dependientes con derecho a recibir atención, cifra que a diciembre de 2013 era de 944.345 personas, es decir, 100.183 menos: 135 bajas diarias en la primera mitad de la Legislatura. Sólo en diciembre, 3.138 personas en situación de dependencia perdieron el derecho a ser atendidas y se registraron 402 beneficiarios menos.

"Sin duda alguna, nos encontramos ante una demolición descarada del Sistema de Atención a la Dependencia. Una auténtica crueldad, por el sufrimiento que provoca en personas y familias, y una grave irracionalidad en el terreno económico, ya que mientras los hospitales se sobrecargan con personas que no necesitan permanecer en ellos, miles de plazas residenciales se destruyen o permanecen vacías", denuncian los Directores y Gerentes.

Sobre los hospitales, el observatorio para la dependencia recuerda que el 10% de los enfermos crónicos generan el 55% de las estancias hospitalarias, y un 5% de estos enfermos representan el 40% de todos los ingresos.

Un estudio realizado por la Fundación Edad y Vida en 2010, pero aún en vigor, subraya que más de 5.000 camas hospitalarias están ocupadas por pacientes que podrían ser enfermos tratables en las residencias. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerda que esta política reduciría sustancialmente los costes. Una cama residencial cuesta 55 euros de media al día, por los 550 euros que requiere una cama hospitalaria para su manutención.

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, está convencida de que el desmantelamiento de la ley de la dependencia obedece a "una estrategia del Gobierno junto con las compañías de seguros para crear un nuevo espacio socio-sanitario" como nicho de negocio. A Lima le preocupa en qué situación quedarán las personas que no puedan "afrontar un copago de la dependencia".

El observatorio ha criticado "las declaraciones irresponsables del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, cuando ha afirmado que 400 pacientes hospitalizados 'están en condiciones de irse a su casa y sus familiares no los recogen, lo que supone un bloqueo de camas que hacen falta para otros pacientes'", dice la organización.

Según denuncia, es "precisamente el Gobierno que preside Paulino Rivero" el que tiene "el peor desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia", porque atiende a un 0,5% de la población, cuando la media española es del 1,6. "Un dependiente canario tiene tres veces menos posibilidades de ser atendido que un dependiente que viva en cualquier sitio de España", destacan.