El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha remitido a la Fiscalía de Valladolid la denuncia que el Partido Castellano (PCAS) presentó en octubre del pasado año en la Fiscalía Superior de la Comunidad por presuntas prácticas corruptas de los responsables de las empresas públicas Provilsa, Somacyl, ADE Parques, ADE Internacional Excal y ADE Financiación.

Así lo ha asegurado hoy a través de un comunicado dicha formación, cuyo secretario de Organización, Luis Marcos, justificó en su momento la presentación de la denuncia en la convicción de que la gestión de estas empresas en los últimos años ha sido "nefasta" y se han cometido "numerosos delitos" en materia de contratación de personal por la vía de libre designación, que luego eran "funcionalizados" sin los procedimientos obligatorios.

También, advirtió que estas empresas han adquirido bienes por un precio muy superior al real, de hasta 500 veces superior, lo que ha generado elevadas deudas que ahora tiene que asumir la Junta de Castilla y León.

"Sólo servían para saltarse la ley a la torera", aseveró Marcos en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que "han generado un gasto absolutamente desproporcionado e indebido".

Asimismo, destacó que la gestión de estas empresas propició que no existiesen barreras por parte de los funcionarios o interventores para impedir determinados gastos, "absolutamente fuera del sentido común y de la ley", en insistió en que los responsables políticos de todas estas responsabilidades son el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, y la viceconsejera de Economía, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, que han figurado como presidentes y consejeros de estas empresas y "tienen un conocimiento claro y directo de lo que estaba sucediendo".

El secretario de Organización del PCAS también incidió en la responsabilidad que en este caso poseen los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León, que "no realizan ningún tipo de iniciativa para que se garantice la transparencia del proceso".

El PCAS presentó el pasado mes de octubre una denuncia ante la Fiscalía del TSJCyL una denuncia por la presunta comisión de actividades potencialmente constitutivas de delito por parte de los responsables de algunas empresas públicas de Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación durante los ejercicios económicos de 2010 y 2011.