La juez titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a otros directivos de la CEA, además de a los máximos dirigentes de la promotora Dolmen Consulting por una presunta estafa en la construcción de unas viviendas de VPO en Sevilla.

La imputación se produce por el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida Isbylia, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

La jueza había admitido a trámite la denuncia y había incoado diligencias previas tras dicha denuncia, por lo que ahora ha dictado una providencia en la que llama a declarar a partir de marzo de 2014 a Herrero y varios directivos de la CEA, así como a los responsables de Dolmen, según indicaron fuentes del caso.

Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenro, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, todas ellas responsables de ofrecer los servicios de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia.

En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos, que superan los 600.000 euros, y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting.

Así, los contratistas acusan a los promotores de las viviendas de una presunta estafa de 591.000 euros por una deuda que se habría producido por trabajos que hicieron y no cobraron.

La jueza ha acordado también reiterar su petición a la Consejería de Fomento de la Junta para que aporte el expediente de concesión de una ayuda de 1.749.000 euros a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la CEA, para la construcción de los pisos y el convenio de colaboración suscrito entre ambos.

La denuncia se refiere a una promoción de 583 viviendas de VPO en la barriada de Sevilla Este que ha sido objeto de dos denuncias: la procedente de la decena de constructores afectados, que ha correspondido al juzgado de instrucción 3, y otra presentada a finales de agosto ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB).

Fuentes judiciales han informado de que las diligencias en la Fiscalía continúan abiertas, a la espera de tomar declaración a los denunciados. Esta segunda denuncia fue realizada por la SAREB como acreedor del préstamo de unos cincuenta millones concedido por Caja Madrid (ahora Bankia) en el 2007 para la promoción de dichas viviendas.

La jueza ha citado a declarar a los representantes de todas las empresas denunciantes el 3 de marzo, mientras que en calidad de imputados ha citado a declarar al presidente y al secretario general de CEA, como patronos de la fundación promotora de las VPO, para el 5 de marzo.

Otro de los patronos de la fundación y exvicepresidente de la CEA, Juan Salas Tornero, está citado como imputado, junto a Francisco Ramas, el 13 de marzo. Asimismo, la magistrada ha citado el 6 de marzo a los máximos responsables de la promotora Dolmen Consulting Juan Manuel Sanz y Antonio González Lara. Además, se ha citado a Alejandro Cotta y Antonio Ibáñez para el 12 de marzo.

Por otra parte, la jueza pide a la Consejería de Fomento que aporte el convenio de colaboración suscrito por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa en octubre de 2011, cuyo objetivo era el fomento de la construcción de las viviendas de los que resultaron adjudicatarios.

Y requiere, además, contratos de ejecución de las obras, escritura de compraventa de las parcelas objeto de la promoción o los contratos de la fundación con Dolmen o Gestión Integral de Proyectos Nazarí.

De forma paralela, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) ha instado ante los juzgados de lo Mercantil de Sevilla el concurso de acreedores necesario de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y responsable de la construcción de la promoción Isbylia, en Sevilla.

Fuentes de la Sareb indicaron que además han trasladado a la Fiscalía de Sevilla la documentación relativa a la situación de dicha fundación que obra en su poder sobre este proyecto, toda vez que, según las fuentes, "no estaba justificada la utilización de esos fondos para las viviendas y había un desfase de entre 12 y 14 millones de euros", algo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha mostrado su "respeto" a la actuación judicial. "Respetamos las cuestiones judiciales", ha apuntado, a la vez que ha abogado por "esperar un poco" en cuanto a posibles valoraciones al ser una cuestión "muy reciente"

Mientras, empresas suministradoras de la promoción promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, han reconocido sentir "pena y rabia" por la situación generada.

No obstante, mantienen que mantienen la "mano tendida" y esperan que la CEA les llame, puesto que "tenemos capacidad de llegar a acuerdo".  Así, han mostrado su "confianza" en que, tras el anuncio de no reelección de Herrero, la nueva junta directiva de la CEA "reciba dinero con la rehipoteca de la sede efectuada por parte de cinco entidades financieras, y así nos pueda pagar a nosotros".

Por su parte, el PP-A ha considerado "bastante grave" la imputación de Herrero y de otros directivos de la CEA, por lo que ha deseado que "la justicia sea rápida" y "aclare cuanto antes" la presunta estafa.

Igualmente, ha mantenido que "todos los agentes sociales que han participado en el modelo de concertación social de estos diez últimos años deben comparecer en el Parlamento cuanto antes". El PP-A aún no ha decidido si se personará en esta causa.

El Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado su "respeto absoluto" por la decisión de la jueza y espera que "las personas que tuvieron la ilusión de solicitar una de las viviendas de esta promoción, las puedan tener lo antes posible".