El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha advertido este sábado de que la decisión del Gobierno central del popular Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley autonómica para la Función Social de la Vivienda refleja "el rostro antisocial" del Ejecutivo central, al que ha acusado de posicionarse del lado de "los poderosos" y actuar contra una regulación que responde a las "demandas" de la propia ciudadanía.

Como se ha informado, la sesión del Consejo de Ministros celebrada este pasado viernes aprobó solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así como contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013.

Los apartados impugnados por el Ejecutivo central, para los que solicita su suspensión, son los relativos a la "declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social"; la "definición de viviendas deshabitadas" y la "clasificación de infracciones muy graves" para las entidades bancarias que no saquen estas viviendas al mercado del alquiler.

A tal efecto, Manuel Jiménez Barrios ha manifestado a Europa Press que esta decisión "muestra el rostro antisocial" del Gobierno central del popular Mariano Rajoy, así como "su dureza con los más débiles y desfavorecidos y su extrema benevolencia con los poderosos", en referencia a las entidades bancarias. El este recurso ante el Tribunal Constitucional, a su entender, prueba que el Gobierno central "está al lado de los bancos y no con los más débiles".

Se trata, a su entender, de una decisión "alarmante", adoptada "a las bravas" y que carga contra "las instituciones de Andalucía y las propias "demandas sociales" de la ciudadanía. "Esta ley tiene su anclaje jurídico y ataca a un drama social, como es el de los desahucios, respondiendo a las demandas de la ciudadanía", ha enfatizado Manuel Jiménez Barrios, quien ha defendido la plena "legalidad" de la normativa cuya impugnación al Constitucional ha anunciado el Gobierno central de Mariano Rajoy.

"El Gobierno demuestra una vez más que es un Ejecutivo insensible y que menosprecia a los ciudadanos y a las instituciones de Andalucía", ha lamentado el consejero andaluz de Presidencia, quien reclama al PP andaluz que se pronuncie. En ese sentido, ha manifestado su deseo de que los populares andaluces no se limiten a "plegarse" a la línea política del Gobierno central de Mariano Rajoy y tomen cartas en defensa de las reivindicaciones de la ciudadanía andaluza.

Finalmente, ha lamentado que la Administración central se oponga a esta normativa autonómica en materia de vivienda mientras destina "ingentes recursos para las entidades financieras". Este recurso al Tribunal Constitucional, como señala Jiménez Barrios, surge después de que se haya hecho público que los bancos hayan anunciado que "no van a devolver unos 40.000 millones de euros" del dinero que les fue inyectado a través de las arcas públicas para reflotar el sector bancario español.