El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha recibido este martes las conclusiones de la revisión de oficio sobre las ayudas concedidas a UGT-A, que determinan la nulidad de dos subvenciones concedidas a la organización sindical por importe de 1,8 millones de euros. Las ayudas corresponden a sendos programas de información y asesoramiento sobre actividad sindical y negociación colectiva.

Según el instructor funcionario que ha entregado las conclusiones, la nulidad se basa en que "se ha pedido documentación justificativa y no se ha entregado por parte de la central sindical". Los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz tienen ahora que elaborar otro informe, que será enviado al sindicato para que formule las alegaciones que considere . Posteriormente, se valorará si existen o no elementos para tomar "alguna acción más" además de la vía administrativa.

La Junta, de momento, ha descartado personarse como acusación particular ya que ningún juzgado ha abierto causa contra el sindicato, por lo que "técnicamente" no cabe esta iniciativa.

Antes de conocer los resultados de la revisión de oficio, el secretario de Organización y Coordinación de Área Interna de UGT-A, Manuel Ferrer, ha señalado en rueda de prensa que la Junta aún no les ha reclamado los 1,8 millones de euros. Y que la organización "no está conforme" con los requerimientos de documentación por parte de la Administración en estos dos expedientes.

En cuanto al resto de presuntas facturas falsas, Ferrer ha recordado de nuevo los 25.000 euros que, "por voluntad propia y para no crear conflicto con la Junta", el sindicato ya ha reintegrado. Asimismo, también ha insistido en los 115.000 euros que el sindicato ha aprovisionado ante notario para poder hacer frente a otras posibles irregularidades.

Respecto a los 700 maletines que presuntamente el sindicato falsificó en Asia, Ferrer ha explicado que aún no han averiguado si ese gasto está bien o mal imputado. Pero, "aunque esté bien imputado", si se demuestra que se hizo fuera como dice la prensa, devolveremos el dinero".

Por otro lado, el sindicato reconoce que pueden existir otras facturas de entre 30.000 y 40.000 euros sobre las que "tenemos dudas, por eso se están estudiando".

Ferrer ha incidio en que la comisión de investigación interna abierta por el propio sindicato hace unos meses no ha revelado ninguna irregularidad, solo "errores puntuales". La organización reconoce que dispone de las facturas "de las que habla la prensa", pero no la trazabilidad de las mismas, es decir, la justificación desde que se genera el gasto hasta que se abona.

"En la mili me enseñaron que no se roba, que esa es una palbra muy fea, y que las cosas solo cambian de sitio", ha concluido Ferrer.