Dos empleados de una misma compañía, ambos con conocimientos informáticos, se ponen de acuerdo para manipular los correos electrónicos de la misma y simular que se deciden y revisan ciertos pagos automáticos. Así, los dos ladrones consiguen sacar grandes cantidades de dinero de la compañía mientras lo ingresan en una cuenta bancaria en el extranjero. Para cuando les pillen, el rastro del dinero ya ha desaparecido.

Este es solo un ejemplo real de los tipos de fraude empresarial más en auge en España. Estas prácticas ilegales —que suelen estar relacionadas a su vez con el fraude fiscal— suponen un lastre anual para la economía equivalente a un 5% del Producto Interior Bruto (PIB); más de 50.000 millones de euros que las compañías dejan de percibir y que no suele estar en conocimiento de la Hacienda Pública. Esta es la estimación efectuada por los analistas de la consultora internacional KPMG, que acaba de publicar el informe Perfiles globales del defraudador, después de investigar más de 596 casos en todo el mundo.

La crisis económica, según los autores del estudio, no ha elevado la cantidad de fraude en empresas y administraciones públicas. Bien al contrario, en su opinión las dificultades económicas que sufren las compañías las han volcado a minimizar lo más posible este cáncer, que afecta por igual en las administraciones públicas. Aún así, los controles no previenen de estas malas prácticas. Y es que "cuando dos personas o más se ponen de acuerdo es más fácil saltarse los controles internos contra el fraude", advierten los analistas.

Este porcentaje de fraude en las empresas es el mismo que estiman, de media, organizaciones internacionales como la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), que cifran en un 5% del PIB mundial el coste negativo para las corporaciones y la economía en general. "Son unos 2,6 billones de euros al año, el equivalente al PIB de Alemania", señala Ángel Requena, socio de KPMG en España y coautor del informe.

Aunque el fraude está extendido en todos los sectores y categorías profesionales, los autores del informe destacan un perfil de defraudador que sobresale por encima de todos. Se trata de una persona de entre 36 y 45 años que desempeña un puesto de directivo o ejecutivo, en un área de finanzas, operaciones o ventas, y que lleva al menos seis años en la compañía. Sus fraudes los comete de forma ocasional, y se vale de la debilidad de los controles internos.

"Los altos ejecutivos continúan aprovechando las oportunidades para cometer fraudes en las empresas en las que trabajan por importes muy elevados", señala Ángel Requena, socio de Forensic —área que investiga el fraude en otras compañías— de KPMG en España, que resalta que "las grandes tramas corruptas las cometen quienes tienen la capacidad". Aún así, el perfil muta constantemente, apoyado sobre todo en la tecnología. Estos avances técnicos permiten que el fraude pueda mantenerse oculto en el tiempo; así, el 69% de estas irregularidades se cometen en más de un año (el tiempo medio oscila entre un año y cinco).

España, a pesar de no tener unos datos de fraude empresarial por encima de la media internacional, sí que presenta características propias. "Los mayores fraudes se observan sobre todo en el sector financiero, en las infraestructuras, en las telecomunicaciones y en las energéticas", explica Requena. El fraude más típico es el alzamiento de bienes (ocultar el patrimonio para no afrontar una deuda), y se produce sobre todo en el ciclo de compras de las compañías.

En el Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial en España, elaborado por la consultora PwC en 2010, cuantifican porcentualmente los fraudes más frecuentes en el seno de una empresa: Apropiación indebida (28%), soborno y corrupción (13%), manipulación contable (11%), transacciones no autorizadas (8%) y obtención de financiación fraudulenta (8%) son los más habituales.

Los expertos reconocen que no son capaces de determinar cuánto fraude se comete sin ser detectado, si bien creen que las medidas legislativas impulsadas en los últimos años (las empresas privadas pueden tener responsabilidad penal) ha provocado que las compañías se pongan las pilas y cumplan con la ley, denunciando los delitos en los casos en que se detecte. Y es que las otras vías de resolución de estos fraudes suelen tener un final más amistoso, con acuerdos laborales o fuera del ámbito judicial. "Más vale un mal acuerdo que una buena sentencia", explica Alfonso Bravo, director del área de Forensic de KPMG y responsable del estudio.

La consultora PwC en 2011 cifraba en un 43% el porcentaje de ocasiones en las que un fraude ocasionó la apertura de acciones legales por parte de la compañía perjudicada. Dos años antes esta solución solo representaba el 29%. Pese al avance, las empresas españolas siguen prefiriendo lavar la ropa en casa y resolver estos asuntos sin crear revuelo. "Las medidas ejemplarizantes son cada vez más agresivas (...) no basta solo con el despido, hay que demostrar que en una organización la cultura corporativa es contraria a la comisión de delitos", concluyen los autores del informe.

Otros informes y estudios sobre fraude en las empresas coinciden en el diagnóstico de que es una práctica extendida en todos los estratos y sectores. Así, el 47,1% de las empresas reconocían en 2011 haber sufrido algún tipo de fraude en el último año, según el informe mundial sobre delito económico elaborado por la consultora PwC.

Los inspectores coinciden también en que el perfil más frecuente del defraudador en España es el de un alto directivo o un mando intermedio; un dato que contrasta con la media europea, donde los delitos suelen cometerlos los segmentos más jóvenes o recién incorporados.