La Audiencia de Málaga ha condenado a 10 personas por traficar con droga, en concreto hachís, que introducían en España para luego distribuirla aquí o en otros países. Se condena también a un exresponsable de la Guardia Civil por revelación de secreto, al entender la Sala que facilitó información sobre investigaciones en marcha. Las penas impuestas se rebajan por dilaciones indebidas.

Los hechos investigados sucedieron en 2001. Los investigadores de la Guardia Civil especializados en la lucha contra la delincuencia organizada detectaron que un grupo, del que formaban parte los acusados y que estaba encabezado por un procesado que no ha sido juzgado, se dedicaba a introducir en el país importantes cantidades de droga procedente del norte de África.

Mediante vigilancias y seguimientos, así como con información de las intervenciones telefónicas, se tuvo conocimiento de varias operaciones de tráfico de droga, para lo que utilizaban embarcaciones, constando en concreto un alijo en mayo de 2001 de 2.100 kilos de hachís en la costa de Huelva y otro en julio de ese mismo año en un lugar que no pudo ser localizado.

Algunos de los acusados participaron en las operaciones, según señala la sentencia de la Sección Segunda, a la que ha tenido acceso Europa Press; y otros ocultando parte de los beneficios, escondiendo las embarcaciones, facilitando medios materiales o colaborando en eludir la investigación policial, en el caso de dos de los procesados.

Así, cuatro acusados han sido condenados por un delito de tráfico de drogas y se les ha impuesto nueve meses de prisión y multa de 200.000 euros a cada uno; dos han sido condenados como cómplices de ese delito a cinco meses de cárcel y multa de 100.000 euros; mientras que cuatro han sido condenados por encubrimiento a un mes y medio de prisión, sustituida por multa de 720 euros.

En lo que respecta al miembro de la Guardia Civil, que estuvo destinado unos 10 años en Marbella (Málaga) "al frente del Grupo Fiscal y Antidroga", ha sido condenado por un delito de revelación de secreto a una multa de 2.880 euros y un año de inhabilitación para empleo o cargo público. Es el único para el que se celebró juicio, pues los demás llegaron a una conformidad con el fiscal.

Así, el Tribunal considera que este acusado, cuando ya no pertenecía al grupo Antidroga de Marbella y estaba destinado en otro lugar, mantuvo contactos con una persona no juzgada en esta causa, "conocido por sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas", al que facilitó información sobre investigaciones que se estaban realizando, que obtuvo de otros compañeros.

El interés de este acusado levantó sospechas por parte de los otros agentes a los que preguntaba. La Sala señala que obtuvo información, aunque no siempre precisa, en su condición de guardia civil y considera "inverosímil" la explicación del procesado de que esos contactos telefónicos tenían la finalidad de obtener información "pues era su confidente".

Aunque no está acreditado cómo repercutió en las investigaciones que se seguían por parte de los especialistas antidroga el que se facilitara a esa otra persona determinada información por parte del acusado, se le condena por un delito de revelación, pues "no se sanciona el resultado, sino el incumplimiento del deber de no comunicar información reservada a terceros".

Se aplica la atenuante de dilaciones indebidas a los acusados, por el tiempo transcurrido desde que se inició la causa en 2001 hasta el juicio en 2013. En este sentido, se señala que ese "tan enorme plazo" no se debe a los acusados y tampoco se puede explicar en la complejidad material o procesal de la causa "y sí por las cuestiones de competencia suscitadas".