El PSOE ha pedido al Gobierno de Cantabria toda la información presentada por las candidatas a gestionar la Información y Orientación y Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género y, concretamente, sobre la identidad de la que publicó en una web de empleo del Ejecutivo regional tres ofertas de trabajo para este servicio cuando aún no se ha adjudicado.

Así lo ha anunciado en un comunicado el grupo parlamentario socialista, que ha revelado que la diputada Isabel Méndez ha pedido al Ejecutivo regional información sobre la identidad de la empresa, entidad o asociación que, según ha dicho, "se esconde tras el correo electrónico particular" para publicitar en la web empleacantabria estas ofertas.

A su juicio, "ante la gravedad" de los hechos, Méndez considera "fundamental" el analizar "con lupa" toda la documentación al respecto.

Además, Méndez ha insistido en su petición de que el Gobierno de Cantabria elimine del concurso a la empresa que ha actuado así como "muestra de que este servicio no se da a dedo".

La socialista ha añadido que, a la vista de que el Gobierno no la ha eliminado, es "necesario saber" si resulta finalmente adjudicataria de este servicio.

"sospecha" de "más irregularidades" en el concurso

Además, y ante la "sospecha" de "más irregularidades", el PSOE ha solicitado una copia de los expedientes completos de todas las candidatas al concurso para analizar las posibles ofertas a la baja de empresas o entidades que previamente hayan contratado con el Gobierno regional durante 2012 y 2013.

Méndez ha acusado al Gobierno de "tan solo contemplar" en el concurso el criterio de la oferta más baja para adjudicar los servicios de atención a víctimas de violencia de género, lo que, a su juicio, es una "auténtica barbaridad" y una "falta de respeto".

La diputada y exdirectora general de la Mujer durante el gobierno del bipartito PRC-PSOE ha anunciado que los socialistas van a llevar "un seguimiento exhaustivo" de quien resulte adjudicatario y haya presentado ofertas con cantidades "claramente más bajas".

A su juicio, "sin duda", esto puede conllevar una "connivencia" con el Gobierno para que sea adjudicada a dedo" y repercutir en la calidad del servicio y de la atención a las propias víctimas, como —ha afirmado— se ha visto ya "en el caso de otras privatizaciones".