El Senado ha aprobado en la noche del jueves, con los votos en solitario del PP, la ley de Evaluación Ambiental y la ha remitido al Congreso para su aprobación definitiva tras un debate en el que toda la oposición ha criticado la "loca carrera legislativa" de una norma que "devalúa" y "mercantiliza" el medio ambiente.

El PP ha rechazado los seis vetos presentados por IU, ERC, PSOE, CIU, PSC y Iniciativa Per Catalunya Verds a este texto que incluye la fracturación hidráulica (fracking) y la peligrosidad sísmica en el control ambiental, y tipifica infracciones como el suministro de combustible de barco a barco en alta mar (bunkering).

Los "populares" también ha votado en contra de las 453 enmiendas presentadas, a excepción de dos de CIU, que modifican técnica y competencialmente el artículo que establece la posibilidad de excluir del control de impacto ambiental a la construcción de centros penitenciarios, y el que alude a la creación de bancos de conservación de naturaleza.

Instrumento este último que permitirá efectuar compensaciones ambientales por dañar la naturaleza y que la izquierda considera que respalda el principio de pagar por contaminar.

La inclusión en esta norma, que se tramita por el procedimiento de urgencia, del memorando del trasvase Tajo-Segura ha sido calificado de "escandaloso" por los grupos de izquierda durante el debate, de más de tres horas y que ha finalizado pasadas las 23.00 tras la votación.

Este memorando, firmado recientemente por el Gobierno con las cinco CCAA que dependen del Tajo, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera de este río.

La "intromisión" en las competencias ha sido también objeto de un reproche mayoritario, así como la falta de acuerdos en esta y otras leyes, lo que ha llevado al senador Frances Boya (PSC) a afirmar que España "no puede convertirse en una sucursal del PP" .

Por su parte el senador del PSOE, Miguel Fidalgo, ha manifestado el "hartazgo" por la forma de tramitar las leyes y lo ha calificado de "práctica inadmisible", mientras que Enrique Iglesias (IU) ha considerado que la política ambiental del PP persigue eliminar cualquier barrera "allá donde se presente una oportunidad de negocio de la iniciativa privada".

El Grupo Popular ha negado que la norma suponga una involución del control ambiental sino todo lo contrario y su senador Vicente Aparici ha defendido la urgencia por la necesidad de sacar adelante 1.100 expedientes que estaban sin resolver y que afectan a 80.000 empleos.

La norma que se devuelve ahora al Congreso, donde está previsto se apruebe el 28 de noviembre, regulará el análisis de viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción...) de acuerdo a sus impactos ambientales, y reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media en la actualidad.