La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apreciado la existencia de "nuevos datos de interés" y ha solicitado la práctica de "nuevas diligencias" en el contexto de la denominada operación Madeja.

En esta operación se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

En un auto dictado el 8 de noviembre, la jueza Mercedes Alaya decidió prorrogar por cuarta vez el secreto de la operación atendiendo así la petición realizada por la Guardia Civil en un oficio en el que "da cuenta de las diligencias efectuadas hasta este momento, del estado actual de las mismas, y solicitando la práctica de otras nuevas".

Al hilo de ello, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que "el considerable volumen de documentos a analizar ha precisado la dedicación exclusiva de personal investigador para depurar y centralizar dichos documentos en un solo repositorio a fin de facilitar el análisis de los mismos y la búsqueda de información de interés para la investigación".

La jueza dice que, a lo anterior, hay que sumarle "que el conocimiento de lo actuado hasta la fecha por las partes personadas, así como de esas nuevas diligencias que se ordenan, podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la eficacia de la acción policial y judicial", por todo lo cual "se considera imprescindible en este momento prorrogar nuevamente el secreto de las actuaciones por plazo de un mes" a fin de "asegurar el éxito de la investigación".

A juicio de la instructora, la prórroga del secreto es una medida "totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos", tras lo que insta a la Guardia Civil a que emplee "la máxima diligencia, dando cuenta periódica del avance de sus investigaciones, garantizando de esta forma el control judicial".

La magistrada acuerda prorrogar nuevamente el secreto de las actuaciones decretado por primera vez el pasado julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero; del administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo; y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de apelación presentado por su letrado.

La jueza imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".

También apuntó que entregó a Castaño siete teléfonos móviles para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.