El grupo parlamentario socialista en el Congreso ha presentado este miércoles sus enmiendas de supresión a cada uno de los artículos y disposiciones del proyecto de ley que reformará las pensiones. En opinión de los socialistas, el proyecto de ley se aparta "por primera vez en nuestra historia democrática" de la atención que exige garantizar el derecho a una pensión adecuada.

El PSOE justifica sus enmiendas en que se trata de una ley que no cuenta con aval social ni político, que prejuzga la "suficiencia" de las pensiones demandada por el artículo 50 de la Constitución y que está "en abierta oposición a los principios de equidad y solidaridad intergeneracional".

El PSOE critica que el proyecto se centra en salvaguardar el equilibrio financiero del sistema sin tener en cuenta que la garantía constitucional de suficiencia de las pensiones podría exigir la búsqueda de otras fuentes de ingresos y no sólo una contención del gasto. También critica que al desligar la revalorización de las pensiones de la evolución del IPC los pensionistas "están condenados" a una pérdida de poder adquisitivo durante los periodos de crisis "de imposible recuperación en el futuro".

El grupo socialista cree que tanto el factor de sostenibilidad como el índice de revalorización anual propuestos por el Gobierno suponen un cambio de modelo "al erosionar su configuración como un sistema de reparto y los principios que lo rigen".

El grupo parlamentario popular ha propuesto sólo matices técnicos y de redacción al proyecto de ley. Entre las enmiendas presentadas, una matiza que los gastos e ingresos que se tendrán en cuenta para calcular la revalorización anual de las pensiones serán los derivados de operaciones no financieras.  No obstante, el PP explica que el cambio no produce variaciones en el resultado del índice de revalorización que afecten hasta el cuarto decimal.

Respecto a las mejoras de redacción introducidas en la exposición de motivos, el PP ha añadido que el factor de sostenibilidad ayudará "a conseguir una cuantía media de las pensiones compatible con el nivel de gasto total destinado a esas pensiones y a mantener el equilibrio financiero del sistema a medio y largo plazo".

Mientras que sobre el índice de revalorización de las pensiones ha incluido que "tiene como objetivo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, garantizando, además, la suficiencia de las mismas tal y como se exige en el artículo 50 de la Constitución Española".

El Bloque Nacionalista Galego y Esquerra Republicana de Catalunya reclaman con sus enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones suprimir el nuevo factor de sostenibilidad propuesto por el Gobierno, y también mantener el mecanismo de revalorización anual vinculado al IPC.

Los nacionalistas gallegos, que sólo han presentado una propuesta de modificación a la norma, creen que el factor de sostenibilidad que desde 2019 vinculará la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema supondrá "un instrumento de ajuste permanente" que conllevará una pérdida de poder adquisitivo para todos los pensionistas. Propone suprimir también el artículo por el que a partir de enero las pensiones no se actualicen en función de la inflación sino de un nuevo factor con un suelo de incremento del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%.

Esquerra ha presentado una decena de enmiendas en las que esgrime argumentos similares para exigir la supresión de todos los artículos relativos al nuevo factor de sostenibilidad y a la sustitución del IPC por el nuevo índice de actualización propuesto por el Ministerio de Empleo. Además, los independentistas catalanes quieren que en todo el texto del proyecto de ley se sustituyan las referencias a la edad de jubilación a los 67 por una vuelta a los 65 años.