El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que supuso el despido de más de 1.000 trabajadores del ente público dependiente de la Generalitat. Esta decisión, según el fallo, conlleva el "derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo".

El Gobierno valenciano expresó hace meses a través de su vicepresidente y portavoz, José Císcar, que una decisión como esta podría desembocar en el cierre de la televisión autonómica, dado que su situación económica se volvería inviable. La pelota está ahora, pues, en el tejado del gobierno que preside Alberto Fabra.

RTVV ha encarado en los últimos meses, además del ERE, una refundación de sus sociedades en una nueva matriz y un proceso de externalización de sus franjas de programación en la que no entran los informativos. Con el despido colectivo, pasó de una plantilla superior a los 1.600 empleados a quedarse con apenas 600.

En el juicio celebrado en el TSJCV, la propia Fiscalía, además de los sindicatos mayoritarios, pidió la nulidad al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales en la elección de los despedidos con criterios poco transparentes. En esta línea, la nueva directora general, Rosa Vidal, se enfrentó al Consell por el “rescate” in extremis de unos 150 técnicos. Vidal argumentó que, sin estos trabajadores, la televisión no podría emitir.

Esta modificación del ERE, que no gustó nada en el Gobierno valenciano, puso en evidencia en el juicio algunas contradicciones entre los actuales y los anteriores gestores del ente público, cuya situación económica se había ido deteriorando en los últimos años fruto de su elevado nivel de gasto no solo en personal, sino en contratos de adquisición de derechos del fútbol o de la Fórmula 1, lo que obligaba a constantes inyecciones de liquidez del Consell.

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJCV, de 46 páginas de extensión, supone un duro varapalo para las tesis del Consell y de los últimos equipos directivos de Radiotelevisión Valenciana, pues desmonta sus argumentos y da la razón a los sindicatos demandantes.

RTVV ocultó el listado de afectados a los empleados y al propio TSJCV El tribunal denuncia que la empresa no suministró a la representación de los trabajadores el listado con los empleados afectados por el ERE al inicio del proceso. De hecho, añade que tampoco se la aportó al propio TSJCV una vez iniciado el proceso judicial, tras ser requerida por la secretaria judicial.

En cuanto a los criterios para seleccionar a los despedidos, los define como "ambiguos, subjetivos y genéricos, arrojando poca luz para poder negociar". Respecto a la baremación, los jueces dicen no encontrar "justificación ni explicación razonable".

Otro punto polémico se refiere a la alteración de los listados, no por la existencia de errores, "sino por la inclusión de criterios distintos a los aprobados en la decisión final del ERE". Según la Sala, "hubo una evidente y clara alteración" de estos listados, lo que derivó en "irregularidades importantes" que vulneraron el prncipio de igualdad.

En las conclusiones, señala que la decisión de ejecutar el ERE en sus términos iniciales "estaba tomada unilateralmente y de antemano". Además, denuncia una "falta de planificación y de previsión" ante el elevado número de trabajadores afectados. La implantación del ERE por parte de la dirección de RTVV ha resultado, según la Sala, "inadecuada a la vista de los acontecimientos posteriores", por lo que declara su nulidad al vulnerar derechos fundamentales y libertades públicas.

El TSJCV, que reconoce a los empleados afectados su derecho a reincorporarse a sus correspondientes puestos de trabajo, da a RTVV un plazo de cinco días para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Fuentes sindicales han mostrado su satisfacción por la decisión judicial. La directora general de RTVV, Rosa Vidal, ha declinado pronunciarse este martes por la mañana hasta que no lea la sentencia. El conseller de Economía, Máximo Buch, también ha rechazado valorar el fallo.