La Policía Nacional es la segunda institución mejor valorada de España, solo detrás de la Guardia Civil. Saca un 5,65 de nota, según el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su labor es vital e indiscutible para la sociedad. No solo en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas o los delitos económicos, por poner solo unos ejemplos, sino en las labores más sencillas y cercanas de la seguridad ciudadana. El 25 de octubre, dos agentes evitaron que un hombre de 61 años se arrojara al vacío desde el tejado de su casa en Badajoz. Dos días antes, en Cádiz, otra patrulla evitó el suicidio de una mujer. Dos días antes, el 21 de octubre, un agente fuera de servicio logró reanimar a una niña de tres años que se había ahogado en una playa de Ceuta.

Pero en un colectivo tan amplio y tan importante (los últimos datos hablan de 69.825 policías operativos en septiembre de 2013), siempre hay garbanzos negros. Los casos más sangrantes siempre acaban tratandose en el Consejo de la Policía (máximo órgano rector del cuerpo en que se reúnen la dirección y los sindicatos). El consejo (en Pleno o en comisión de personal) se suele reunir varias veces al año, sin periodicidad fija. En él se tratan los expedientes disciplinarios más importantes y relevantes, aquellos que conllevan faltas graves y muy graves contra efectivos de la Policía, algunos de los cuales acaban en la expulsión del cuerpo. Este lunes, por ejemplo, se reunió el consejo y en él se trataron 53 casos de policías expedientados.

En estos 53 expedientes hay de todo. Desde faltas de respeto a superiores y compañeros, hasta agresiones, violaciones y tráfico de drogas. Estos son algunos de los casos más impactantes y llamativos. El instructor pide, por ejemplo, una suspensión de dos meses de empleo y sueldo para un agente que amenazó de muerte a su superior porque le trasladaron de la armería a un grupo operativo: "A mí no me arruinas la vida, sé que tienes una hija en Madrid y voy a ir a por ella, tú y tu hija lo vais a pagar caro, sé que a veces duermes aquí y no dormirás tranquilo", señala el expediente abierto contra él. Más leve es la sanción que se pide (diez días de empleo y sueldo) para un subinspector de Jaén que fumaba en comisaría, algo que está prohibido: "fumo porque quiero y porque me sale de los cojones".

Algunos casos acaban con la expulsión del cuerpo del policía expedientado, sobre todo por la gravedad de los delitos cometidos, que han tenido condena judicial. Un agente de Irún ha sido expulsado porque junto con su mujer introducían ilegalmente a extranjeras en España, les obligaban a prostituirse en pisos de Oviedo y se quedaban con el 50% de los ingresos de las chicas. Un juez le condenó a tres años de prisión. Otro agente de Madrid ha sido expulsado después de que un juez le condenara a diez años de cárcel por detener ilegalmente a una prostituta y violarla varias veces en un descampado de la colonia Marconi. El expediente interno contra un policía queda en suspenso mientras paralelamente un tribunal está juzgando al agente. Si finalmente se le condena en sentencia firme, el expediente se retoma y suele acabar con la expulsión.

Las faltas graves tienen una sanción que oscila entre los cinco días y los tres meses de suspensión de empleo y sueldo. Las muy graves tienen tres tipos de castigo: la expulsión, el traslado forzoso o la suspensión de funciones entre tres meses y seis años. Un agente de Madrid será suspendido del servicio durante tres años y medio porque al aparcar golpeó la rodilla de un viandante. Cuando este le recriminó su actitud, el policía salió del coche y le pegó, rompiéndole la mandíbula. Un juez le ha condenado a cuatro años y medio de cárcel. Un inspector destinado en Madrid ha sido suspendido siete meses por conducir bebido un coche policial camuflado. Tuvo un accidente e hirió a los dos ocupantes de otro turismo. Luego huyó de la Policía Municipal y causó heridas a dos agentes.

Hay expedientes rocambolescos. Llama mucho la atención que un agente haya sido sancionado con un año de empleo y sueldo por robar en un bar de Córdoba el bolso de una mujer. Su botín, un bolso valorado en 30 euros, una cartera valorada en 15 euros, un billete de cinco euros y un móvil de 573 euros. Para más inri, al saber que el bar tenía cámaras, simuló una investigación sobre un ficticio autor del robo, que acabó devolviéndolo todo. Un agente de los TEDAX (el servicio de desactivación de explosivos) ha sido sancionado con cuatro meses de suspensión por falsificar las minutas de un servicio no realizado: "requisas en el recinto monumental de La Alhambra, en Granada". A otro agente de Sevilla le ha caído un mes de suspensión porque cuando se enteró de que su hermano estaba detenido en los calabozos, fue a verle (sin autorización) y le recomendó que "no declarase en sede judicial".

A un agente de Melilla le van a sancionar con cuatro meses de suspensión porque no solicitó la autorización de compatibilidad necesaria para trabajar de fontanero, empleo que al parecer desempeñó simultáneamente al de policía durante 24 años. El sancionado se ha defendido alegando que solo estaba dado de alta para no perder las cotizaciones de los años que trabajó antes de ingresar en la Policía. Otro agente de Alicante puede ser expulsado por consultar varias veces las bases de datos policiales para ayudar a varias personas que estaban siendo investigadas. Además, prestó su uniforme reglamentario durante un mes a otra persona.

Todos los expedientes comienzan porque alguien denuncia, ya sea un ciudadano, un compañero o un superior. El Consejo de la Policía también trató este lunes un expediente que solo conlleva un falta leve, pero se examinó porque el consejo tiene que ver todos los casos referentes a delegados sindicales, independientemente del tipo de falta. La delegada del Gobierno en Navarra denunció a un policía de la plantilla de Tudela porque observó que, estando el agente de servicio, estuvo durante una hora en un bar tomando "consumiciones". El policía, representante sindical, tuvo además apagado durante todo su turno su equipo de transmisión.

Los olvidos también tienen sanción. Un inspector jefe de Jaén ha sido suspendido siete días de empleo y sueldo porque dejó su arma, con siete cartuchos en el cargador, olvidada en el baño de un bar. Nunca se recuperó la pistola. Un subinspector de Elche dejó su pistola olvidada en una finca de su propiedad mientras realizaba labores agrícolas. Otro agente valenciano se dejó su documentación policial olvidada en un tren de Cercanías. Estos dos últimos casos son faltas leves, pero se han tratado en el consejo al implicar a representantes sindicales. Al igual que el apercibimiento a un policía de Bilbao, delegado sindical, que abandonó precipitadamente el servicio sin avisar a su jefe (éste no estaba) porque su mujer había sufrido un infarto y estaba hospitalizada.

El tráfico de drogas suele estar presente en los expedientes policiales. Un agente de la comisaría de Alcorcón (Madrid) también ha sido expulsado tras haber sido condenado por la Audiencia Provincial a cuatro años de prisión. Vendía y distribuía cocaína a pequeña escala, incluso anotaba en cuadernos las personas que le debían dinero. Otro agente del Prat de Llobregat (Barcelona), ya jubilado, ha sido oficialmente expulsado por vender cocaína y hachís.

José Manuel Sánchez Fornet, líder sindical del SUP, es miembro del Consejo de la Policía. Es uno de los agentes más implicados en la lucha contra la corrupción. Desde su sindicato se ha mostrado siempre muy activo y beligerante en casos como el Faisán, el ático del presidente madrileño Ignacio González, el 'caso Gürtel' o el borrador policial que revelaba que Jordi Pujol, su mujer y dos de sus hijos ocultaban un patrimonio de 137 millones de euros en Suiza. Precisamente a finales de junio la Policía sancionó con 45 días de empleo y sueldo a Fornet por difundir en rueda de prensa ese supuesto borrador. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó luego en suspenso esta sanción.

Este lunes, el consejo tramitó dos nuevos expedientes contra Fornet. En total se pide para él 35 días de suspensión de funciones. El primer expediente le acusa de una falta grave por escribir en su cuenta de Twitter que uno de los instructores de otro expediente anterior era "un pelota, soberbio, engreído, petulante, mal profesional y mala persona". El segundo por criticar en la web del SUP al comisario José Santiago Sánchez Aparicio, nuevo responsable de la Comisaría de Policía Judicial (la que investiga, por ejemplo, el 'caso Gürtel'). Fornet recordaba en un escrito que el comisario había sido investigado y cesado cuando era el responsable policial de la tramitación de los DNI al ser sorprendido llevando miles de documentos de identidad en una maleta a una reunión con una empresa privada, información que publicó El Mundo.

"Pueden seguir sancionando a su capricho, que el SUP y sus responsables van a seguir ejerciendo el derecho a la crítica y defendiéndolo con todas las armas legales. Esto es una democracia, nosotros una policía civil y el SUP un sindicato independiente que no debe nada a ningún mando ni político, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro", señala la dirección del sindicato. Es curioso que con Fornet el instructor pida dos sanciones de 15 y 20 días, cuando a un comisario de Arrecife (Tenerife) que condujo bebido, golpeó a otro conductor, se negó a dar los datos para hacer el parte y a pasar la prueba de alcoholemia solo le han sancionado con diez días. Y eso que un juzgado le impuso una condena de cinco meses de prisión y multa por un delito contra la seguridad vial.