El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado este jueves que el proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias servirá para que "la situación de las cajas de ahorros no pueda volver a comprometer la estabilidad de todo el sistema financiero", y ha destacado que con esta norma se dará cumplimiento a la última exigencia relevante del Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado con Europa para el rescate bancario.

Así se ha expresado durante su defensa ante el Pleno del Congreso del proyecto de ley, que permitirá a su juicio "dar un nuevo marco jurídico" a las cajas de ahorros y "definir su papel de control" de los nuevos bancos, de tal manera que contribuyan a crear un "clima adecuado" para que "los errores del sistema financiero no vuelvan a darse" y para "garantizar un marco sólido donde la incipiente recuperación económica pueda cristalizar".

"Con esta ley estamos en camino de concluir la reestructuración financiera en tiempo y forma, dando cumplimiento a dos exigencias del MoU: reforzar las exigencias de gobierno corporativo de las cajas y clarificar su papel como accionistas de las entidades de crédito", ha dicho el ministro, asegurando que el texto "protege el espíritu de territorialidad" de estas entidades, "respeta" las competencias autonómicas y mantiene su foco en los pequeños y medianos ahorradores, valores tradicionales de las cajas.

En cualquier caso, De Guindos ha asegurado que el Gobierno y el PP están, "como siempre, abiertos al diálogo" y ha esperado que las aportaciones de la oposición permitan conseguir "la mejor ley posible". "Estoy convencido de que encontraremos puntos de encuentro para tener un sistema financiero sólido, estable y transparente que apoye la economía y evite errores del pasado", ha insistido.

No se trata de "demonizar" a las cajas

Durante su turno de réplica a las formaciones que han presentado enmienda de totalidad contra el proyecto de ley, el ministro ha asegurado que su intención no es "demonizar" a las cajas de ahorros, recordando que "no todas se comportaron igual", y ha subrayado que en realidad la norma es "para las cajas que se han comportado correctamente" porque las que han sido mal gestionadas ya han pagado el precio, en forma de intervención por el FROB.

"Yo no quiero demonizar el modelo de la caja de ahorro, sino el comportamiento de determinadas cajas, que es lo que ha costado una intervención, una nacionalización y la inyección de recursos públicos. Esta ley se hace incluso para evitar en el futuro la tentación de comportarse mal, y se hace a través de la transparencia, la profesionalización y las mejoras del gobierno corporativo", ha insistido.

También ha negado las acusaciones de recentralización, alegando que "sólo se está aplicando la normativa de las fundaciones" a estas nuevas fundaciones de carácter especial. En este sentido, se ha mostrado dispuesto a "analizar cómo se distribuye posteriormente la obra social" porque el Gobierno "no pretende ningún tipo de injerencia" en este sentido.

"El Gobierno es consciente de que ha pedido en muchas ocasiones esfuerzos a la sociedad, y es su voluntad que estos esfuerzos se distribuyan equitativamente. Y con el paro y la evolución salarial que tenemos, es imprescindible que exista transparencia, un control importante y moderación en las remuneraciones de todos los directivos que tienen un papel importante en la gestión de nuestras empresas e instituciones", ha defendido, argumentando que este proyecto busca todos esos objetivos.

Cajas de ahorros

Y, para ello, el proyecto de ley incluye previsiones regulatorias tanto sobre las cajas de ahorros como sobre las nuevas fundaciones bancarias. Con respecto a las primeras, De Guindos ha destacado entre otras medidas que se incrementan las exigencias de profesionalidad de sus directivos, se evitan las "interferencias con motivaciones políticas" en su gestión y se "vuelve al origen" de actuación minorista y territorial de este tipo de entidades.

Para ello, se vincula explícitamente la actividad de las cajas con las necesidades de los clientes minoristas y las pymes, vetando las actividades complejas en su cartera; se exige que las actuaciones de las cajas se desarrollen principalmente en una comunidad autónoma —permitiendo la excepción de que estén en un máximo de diez provincias limítrofes— y se impide que alcancen un "tamaño suficientemente grande como para ser entidades sistémicas", limitando su activo a los 10.000 millones o su cuota de depósitos al 35% de la región.

Además, se exigirán a los miembros del consejo de administración y a los directivos "los mismos requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno" que en los bancos privados y se crea un sistema electoral para fijar la asamblea general "con el objetivo de evitar control político" y dejar en manos de los impositores o depositantes las decisiones.

El ministro ha destacado asimismo el "refuerzo" de las normas de incompatibilidad para poder ocupar cargos en la caja, de manera que "intereses ajenos no vuelvan a llevar a decisiones no viables ni positivas", y ha afirmado que "se garantizará que los miembros de los órganos de gobierno desempeñen sus funciones con criterios de eficiencia y buena gestión financiera".

Nuevas fundaciones bancarias

Por otra parte, la ley prevé que tengan que transformarse en fundaciones bancarias las cajas que actualmente desarrollan su actividad financiera a través de entidades bancarias, las que tengan un activo superior a los 10.000 millones o una cuota de depósitos superior al 35% de la comunidad, y las que posean al menos un 10% de participación en un banco.

La finalidad de estas funciones será "social", por lo que deberán ir disminuyendo "paulatinamente" su participación en las entidades de crédito hasta dejar de controlarlas, a través de un "régimen escalonado de obligaciones" que será "más exigente" cuanto mayor es la participación.

Además, las fundaciones quedarán también sujetas a los requisitos de gobierno corporativo y a los principios de incompatibilidad, honorabilidad, experiencia y buen gobierno. En este punto, De Guindos ha hecho referencia a uno de sus aspectos más polémicos de la ley, la imposibilidad de compatibilizar el cargo de patrón en la fundación bancaria con el consejo de administración del banco. Según ha dicho, el objetivo de esta medida es "asegurar que las fundaciones, como actores significativos del sistema de crédito, actúan con los máximos niveles de profesionalidad, independencia, experiencia y eficiencia".

"Esta ley incluye una multiplicidad de consideraciones que van siempre en la dirección correcta de profesionalidad y transparencia: limita los poderes públicos, exige profesionalidad, etcétera. Con esta ley sería imposible tener los consejos de administración que, por desgracia, tuvimos en el pasado en muchas entidades de este tipo", ha asegurado, recordando además otras medidas aprobadas por el Gobierno para "limitar la discrecionalidad y opacidad" de las entidades como la anulación de indemnizaciones para ciertos directivos o la limitación de sus remuneraciones.

Finalmente, el ministro ha hecho referencia a la emisión de participaciones preferentes, utilizada mayoritariamente entre 2008 y 2010 para hacer frente a una de las principales dificultades que se encontraban las cajas de ahorros —la imposibilidad de 'levantar' capital—, y ha asegurado que "hoy, a través de los arbitrajes, ya se ha resarcido a más de 120.000" afectados por la mala comercialización de estos productos complejos.

"Estamos reparando los daños del pasado a un ritmo muy intenso. Pero, además, este Gobierno pretende que estos errores del pasado no se repitan más", ha concluido.