La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación en profundidad contra el nuevo régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar, introducido en 2010, ante las "dudas graves" de que podría infringir la normativa comunitaria sobre ayudas públicas.

Bruselas sospecha que este régimen fiscal podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en el Peñón. Si la investigación confirma la existencia de subvenciones ilegales, "deberán recuperarse las ayudas ilegales concedidas a algunas empresas", ha dicho el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.

El Ejecutivo comunitario ha negado que la apertura del expediente esté relacionada con el aumento de tensión entre España y Gibraltar por el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras a cargo de las autoridades del Peñón, que impiden faenar a la flota española, y el endurecimiento de los controles fronterizos.

"No hay ningún vínculo entre las dos cosas", ha sostenido Colombani, que ha asegurado que el Ejecutivo comunitario se ha limitado a seguir el "procedimiento normal" en casos como este.

De hecho, la investigación, lanzada por el departamento de Competencia que dirige Joaquín Almunia, responde a una denuncia presentada por España en junio de 2012, a raíz de la cual el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un análisis preliminar. El régimen en cuestión reduce del 22% al 10% el impuesto de sociedades en Gibraltar y según el Gobierno español beneficia a las empresas que registran su domicilio fiscal en la colonia pero desarrollan su actividad en España.

Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos pasivos, tales como los cánones por derechos de autor y ciertos tipos de intereses, no están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar. La apertura de la investigación no prejuzga el resultado y da la oportunidad a las partes de presentar observaciones.

En la actual fase de sus pesquisas, el Ejecutivo comunitario considera que esta exención fiscal para los ingresos pasivos de intereses y cánones podría constituir una ayuda estatal porque se aparta del régimen general del impuesto de sociedades. Ello podría conceder una ventaja especial para las empresas que producen este tipo de ingresos.

La Comisión ha rechazado las alegaciones de las autoridades británicas y cree que no existe una "justificación válida" para estas exenciones, salvo la que se aplica a los dividendos, que podría responder a la necesidad de evitar la doble imposición. Gibraltar introdujo ligeros cambios en su régimen el 1 de julio de 2013 para atender a las preocupaciones de Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario los ve insuficientes.

Bruselas ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.

Controles fronterizos y bloques de hormigón

La Comisión ha confirmado este miércoles que todavía no hay conclusiones de la misión de inspectores que envió a Gibraltar el pasado 25 de septiembre, a petición del primer ministro británico, David Cameron, y con el apoyo del presidente Mariano Rajoy, para verificar la legalidad de los controles fronterizos y las acusaciones españolas de contrabando.

"Todavía estamos analizando las pruebas y las aportaciones que hemos recibido de la misión de Gibraltar, así que no hay noticias sobre esta cuestión en este momento", ha dicho la portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde.

En paralelo, Bruselas examina las denuncias medioambientales presentadas por Madrid contra las autoridades del Peñón por los bloques de hormigón, el 'bunkering' y los rellenos de arena para ampliar el territorio del Peñón, sin que tampoco haya conclusiones.