Los acusados: Hay 29 y tres están acusados de colocar las bombas en los trenes (otros siete autores materiales murieron en el piso de Leganés). También hay nueve españoles, destacando José Emilio Suárez Trashorras, que facilitó los explosivos. La Fiscalía pide más de 270.600 años de cárcel para siete de los 29, a los que imputa 191 asesinatos consumados y 1.824 en grado de tentativa.

Los testigos: Habrá entre 570 y 680, entre ellos tres etarras, solicitados por la defensa de Jamal Zougam, un acusado. Se trata de Henri Parot, Gorka Vidal e Izkur Badillo. El nombre de Parot apareció en la celda del islamista Abdelkrim Bensmail, que sólo será juzgado por intentar volar la Audiencia Nacional.

Los otros dos etarras fueron detenidos en febrero de 2004, un mes antes de los atentados, cuando viajaban a Madrid en una furgoneta llena de explosivos.

Aznar y Acebes: Eran presidente del Gobierno y ministro del Interior el día de los atentados. La defensa había solicitado sus testimonios, pero no declararán. También ha sido denegada la presencia de otros cuatro etarras.

Explosivos: Antes del juicio se hará otro peritaje de los explosivos. Participarán diez expertos, tanto de la Policía como de la defensa. La prueba, a partir de los restos hallados en los trenes, la furgoneta Kangoo, la casa de Chinchón, las mochilas y el piso de Leganés, deberá estar lista antes del 13 de febrero. Será grabada para evitar suspicacias.

- La AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, pidió ayer que se retrase el juicio ante la petición de nuevas pruebas sobre los explosivos y la falta de tiempo para elaborar un borrador al respecto.

Secuelas, 36 meses después

El 50% de los afectados por los atentados (entre los que se incluyen a heridos y familiares de las víctimas) sufre hoy, 36 meses después de la tragedia, secuelas psicológicas, según un estudio presentado ayer por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. El 60% de los heridos padece además problemas auditivos, y otro 9%, dolencias neurológicas. Este informe también revela que el 22% de las víctimas ha recibido la incapacidad permanente.