Casi 300 familias han accedido a la dación en pago durante el primer año de funcionamiento del Código de Buenas Prácticas, puesto en marcha en abril de 2012, que ha propiciado la presentación de 4.385 solicitudes de adhesión para poder beneficiarse de las medidas de reestructuración y quita de deudas hipotecarias (por una deuda pendiente total de 582,7 millones de euros).

Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a varios diputados socialistas sobre este problema. El Ejecutivo sostiene que el Código es una "buena herramienta" para hacer frente al problema de los desahucios.

Para ello aporta datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del primer trimestre de 2013, según los cuales entre enero y marzo se han iniciado 21.272 ejecuciones hipotecarias, un 13,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando aún no se había aprobado el Código de Buenas Prácticas.

De las 4.385 solicitudes de adhesión al Código, 1.063 solicitudes (24% del total) se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013, mientras que 594 concluyeron en una reestructuración de la deuda (17,88%), otras 298 acabaron en dación en pago, 238 desistieron y dos se beneficiaron de una quita (8,97%). En abril, De Guindos anunció que ya se habían realizado 291 daciones en pago.

Otras 2.190 solicitudes fueron denegadas por no cumplir los requisitos previstos (45%), por faltar documentación (29,4%) o por incumplimiento de los umbrales de renta o de la situación familiar para acogerse al Código (21,55%).

El Ejecutivo también destaca que las solicitudes de adhesión se han ido incrementando conforme avanzaba el año, con 564 peticiones en el segundo trimestre de 2012, 722 en el tercero, 1.132 en el cuarto y 1.967 en el primer trimestre del actual ejercicio.

Por regiones, la mayor parte de solicitudes se han efectuado en Andalucía (1.156), seguida por Cataluña (1.028), la Comunidad Valenciana (755), la Comunidad de Madrid (364) y la Región de Murcia (315). Estas cinco regiones aglutinan el 82,51% de las peticiones, mientras que la provincia que más expedientes concentra es Barcelona, con 809.

Además, el número de lanzamientos solicitados ha sido de 16.521, un 15,8% menos que el año pasado, y de ellos 10.074 han terminado con un cumplimiento positivo, es decir, un 23,3% menos que hace un año. No obstante, el Gobierno matiza que estos datos son parciales, ya que no todos los partidos judiciales tiene servicios comunes de notificación y embargos, y además incluye a todo tipo de inmuebles, y no sólo viviendas. Por ello, recuerda que el dato "permite medir la evolución, pero no los valores absolutos".

En total, en el primer trimestre de este ejercicio se han practicado 19.468 lanzamientos, sobre todo en Cataluña (24,3%), la Comunidad Valenciana (15,4%), la Comunidad de Madrid (13,3%) y Andalucía (12,9%). Del total de lanzamientos, el 37,5% se derivaban de ejecuciones hipotecarias, el 57,7% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas.