La jueza Mercedes Alaya ha imputado por el caso de los ERE sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que su abogado presentara un escrito acompañado de un informe médico que le aconseja no someterse a situaciones de "estrés intenso".

Fuentes del caso han informado de que, después de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla le haya leído los hechos que le imputa, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación que ejerce la Junta han pedido medida alguna, mientras que Manos Limpias ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 20 millones de euros y el PP ha instado a la juez a fijar la medida que considere "en justicia".

Según la juez, Salgueiro "fue uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales" instalado en la Junta entre 2000 y 2011, procedimiento que "consistía en utilizar la transferencia de financiación para pagos a terceros ordenados por Empleo". "Este procedimiento al margen de la Ley, se iniciaría, entre otros, por el inculpado", asegura la jueza.

Salgueiro fue viceconsejero del ramo desde 1990 hasta 2004, siendo así el segundo de a bordo de un departamento cuya consejera entre 1994 y 2004 fue Magdalena Alvarez, que está citada a declarar como imputada el próximo día 8 de octubre.

La comparecencia de Salgueiro ha tenido lugar después de que hayan comparecido en las últimas semanas ante la instructora del caso los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, éste también exviceconsejero de Presidencia, quienes se acogieron a su derecho constitucional a no declarar durante una tensa comparecencia ante la juez.

También compareció ante Alaya el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois, que igualmente se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

Hay que recordar que el exviceconsejero de Economía y Hacienda fue imputado por Alaya el pasado 28 de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta, un auto que fue recurrido por la propia Junta de Andalucía al entender que la magistrada no había concretado debidamente los hechos que imputaba a cada uno de ellos.

En el auto, la juez imputa a Salgueiro como exviceconsejero de Economía entre 1990 y 2004, cuando coincidió en este departamento con Magdalena Álvarez, que "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputa tanto a Alvarez como a su viceconsejero, José Salgueiro.

Tras las declaraciones de Salgueiro y de Magdalena Alvarez, el día 11 de octubre están citado a declarar el exparlamentario socialista Ramón Díaz, la administradora mancomunada de Vitalia María Ascensión de la Cruz Antona, Beatriz Núñez Muñoz, administradora única en las cuentas de la empresa Atrado Mensajería entre 2003 y 2006, María Luisa Rodríguez Márquez y Gemma Fátima Rodríguez Márquez, ambas pertenecientes al departamento de Planes de Vitalia.

Para el día 17 de octubre, la juez ha citado a otros cinco imputados entre las 09.30 y las 19.30 horas, entre ellos el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas o dos 'intrusos' en el ERE de Dhul S.L., como son Angeles Sierra, cuñada del exsindicalista de UGT y 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y Carmelo Cruz.

Por último, el día 24 de octubre han sido citados a declarar seis imputados entre las 09.30 y las 18.30 horas, como son el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; el empresario Jorge Andrés Morell y su hijo Luis Morell; el presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y el consejero delegado, Manuel Rafael Castilla.