Representantes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se han reunido este jueves con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para tratar sobre el Acuerdo de Equivalencias Terapéuticas de fármacos oncológicos de Andalucía, porque consideran que provocará "desigualdades" de acceso a fármacos oncológicos a los pacientes con cáncer de todo el territorio nacional.

El pasado 10 de septiembre la SEOM presentó una queja al Defensor del Pueblo sobre este acuerdo marco que anunció la Junta andaluza el pasado 30 de julio, donde se incluyen medicamentos oncológicos, al considerar que "es radicalmente contrario a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y discrimina gravemente a los pacientes andaluces".

A esta queja de la SEOM se adhirieron el Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) y la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), para manifestar su preocupación ante la declaración de "equivalencia terapéutica" para medicamentos distintos, como ya lo anunció en el comunicado emitido el pasado 12 de septiembre.

Los oncólogos rechaza esta declaración de equivalencia terapéutica entre medicamentos oncológicos distintos porque, a su juicio, "merman las posibilidades terapéuticas, deterioran el valor de la innovación y limitan la capacidad del médico para prescribir a cada paciente el medicamento que considera más adecuado". Así, advierten de que en materia de cáncer "la selección de uno u otro tratamiento constituye una delicadísima decisión médica en la que las actuaciones administrativas no pueden ni deben interferir".

Además, recuerdan que "el uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto".

Por todo ello, en la reunión de este miércoles, el presidente de la SEOM, Juan Jesús Cruz, ha trasladado a la Defensora del Pueblo su preocupación ante esta situación y le ha solicitado ayuda para velar por que todos los pacientes, con independencia de la comunidad autónoma en que residan, tengan acceso a todos los fármacos oncológicos con beneficios demostrados científicamente y aprobados por el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, ha solicitado a Becerril a que inste a la Consejería responsable de Salud en Andalucía a que retire el citado acuerdo, "de modo que no se vulneren los derechos de profesionales y pacientes, sobre todo el derecho constitucional a la protección de la salud", y se ha ofrecido a informarle puntualmente de las "desigualdades" que vaya detectando a través de su Observatorio de Acceso a Fármacos Oncológicos.

Suspensión provisional de la adjudicación

Cabe precisar que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) en Andalucía ha dictado una resolución en la que se acuerda adoptar la medida provisional de suspensión solicitada por una docena de empresas y asociaciones —Baxter, Amgen, Biogen, Merck, Farmaindustria, Asebio, Roche, BMS, Novartis, Fedhemo e Ipsen— en relación al procedimiento de adjudicación del acuerdo.

En la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se concluye que la continuación del procedimiento de adjudicación "podría dificultar el cumplimiento, o la puesta en práctica de un modo útil, de una eventual resolución estimatoria de los recursos interpuestos", dado que si siguiera la tramitación podría llegar a formalizarse el acuerdo e iniciarse su ejecución, y una eventual estimación del recurso obligaría a retrotraer las actuaciones.

Ello podría provocar la posible interrupción del tratamiento para los pacientes a quienes se estuvieran dispensando los principios activos que se pretenden seleccionar a través de la adjudicación del acuerdo marco. Por contra, la suspensión no tiene por qué suponer un retraso considerable en la adjudicación del contrato ni causa perjuicio grave a los restantes licitadores, sin ningún derecho adquirido en el proceso.

Por su parte, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta ha aclarado que la suspensión cautelar "no va en contra del procedimiento", explicando que el TARC andaluz aún no ha entrado en el análisis de los recursos interpuestos contra esta medida, por lo que la decisión tomada por el tribunal tiene por finalidad poder analizar con "más detenimiento" los recursos interpuestos.