El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Chunta Aragonesista (CHA) de reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal cuyo objetivo era que los jueces pudieran suspender temporalmente a los empleados y cargos públicos imputados por corrupción. La iniciativa no será enviada a las Cortes Generales, que tienen la competencia en esta materia.

La mayoría PP-PAR ha votado en contra de esta proposición de ley, mientras que el PSOE, CHA e IU lo han hecho a favor. Ha defendido la iniciativa el presidente del Grupo de Chunta, José Luis Soro.

"No puede ser que de boquilla digamos que estamos en contra —de la corrupción— pero después, cuando hay que tomar decisiones para apartar a los corruptos de las instituciones no se vota a favor", ha dicho Soro, cuyo partido ya defendió una iniciativa similar en 2010, sin éxito.

Ha precisado que la propuesta debatida hoy no está incluida en el Plan de Regeneración Democrática aprobado por el Gobierno de España la semana pasada y ha recordado que, si se hubiera aprobado la proposición de ley, los restantes Grupos podrían haberla modificado en el trámite de enmiendas.

Suspensión provisional

Técnicamente, la propuesta de CHA está inspirada en los requisitos de la prisión provisional. Soro se ha preguntado por qué no puede un juez suspender provisionalmente a una persona de su empleo o cargo público si puede encarcelar provisionalmente a ciudadanos que posteriormente pueden ser declarados inocentes.

Ha comentado que la suspensión provisional no se dictaría de forma automática, sino que deberían cumplirse unos requisitos "muy estrictos", casi idénticos a los de la prisión provisional: que los hechos que se le imputan a la persona tengan apariencia de un delito de corrupción grave y que la sanción conlleve la inhabilitación para desempeñar empleo o cargo público.

El segundo requisito sería que la persona pueda ser culpable, que haya "motivos bastantes", y también que se busque una finalidad concreta con esta medida porque "no se trata de penar al presunto culpable". En el caso de la corrupción sería evitar la comisión de delitos de esta naturaleza prevaliéndose el imputado de su empleo o cargo público.

Todo ello en un contexto "muy garantista", acordado mediante un auto motivado, siendo la medida "necesaria y proporcionada", recurrible y con una duración determinada: "duraría el tiempo imprescindible", ha añadido José Luis Soro.

El presidente de CHA ha aseverado que "la responsabilidad penal no es igual que la responsabilidad política, tiene otros principios diferentes y no tiene los mismos tiempos".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha pedido "hechos y no palabras" y ha considerado que "hay que proteger la democracia". Ha preguntado a los populares si el Gobierno de España va a suscribir los protocolos de lucha contra la corrupción aprobados por el Parlamento Europeo —en Estrasburgo— y por la ONU en 2003.

También ha planteado al PP si está dispuesto a cambiar el Código Penal, tras lo que ha dejado claro que los delitos de corrupción los cometen tanto quienes corrompen como quienes se dejan corromper.

El portavoz del PSOE Javier Sada se ha dirigido al PP para decir que "la coherencia no es inmovilismo, empecinamiento" y ha esgrimido el argumento de la coherencia para apoyar la toma en consideración.

Ha manifestado su "inquietud" por el "peligro" en que se pone a las instituciones con la corrupción, agregando que las instituciones son "el único mecanismo" que tiene la democracia para abordar las crisis, de tal forma que "preservar el prestigio de las instituciones es tanto como preservar la democracia, la única solución que tienen los ciudadanos".

"COHERENCIA"

La parlamentaria del PP, Yolanda Vallés, ha afirmado que "en nuestro partido se cesa o suspende a todos aquellos que sean imputados por este delito" y ha puesto de relieve que la primera Ley de Transparencia se ha tramitado con el Gobierno de España del PP. También se ha propuesto la reforma de la financiación de partidos políticos y se ha introducido la figura de la financiación ilegal de formaciones políticas.

"Nuestra actitud está demostrada", ha asegurado Vallés, quien ha anunciado el voto en contra, argumentando que la iniciativa es incoherente respecto del ordenamiento jurídico. "No es viable" y sería "ineficaz", ha dicho.

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha opinado que la iniciativa de Chunta "no resuelve la situación que plantea" y además "puede crear una indefensión", tras lo que ha expresado que "no se puede apartar a quienes cometen hechos presuntamente delictivos" porque ello es una "presunción".