Amnistía Internacional denuncia que un año después de la protesta 'Rodea el Congreso', celebrada en Madrid el 25 de septiembre de 2012, y a pesar del anuncio del Ministerio del Interior de que iba a realizar una investigación, especialmente de lo ocurrido en la estación de Cercanías de Atocha, "todavía no se han hecho públicos los resultados ni los métodos empleados para llevar a cabo esta investigación".

Después de una serie de enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios en los aledaños del Congreso de los Diputados, algunas unidades policiales entraron en la estación de cercanías de Atocha, persiguiendo a manifestantes. "Las imágenes disponibles de este suceso muestran cómo los agentes entran disparando lo que podrían ser salvas u otro tipo de material antidisturbios, golpean de manera indiscriminada a las personas que allí se encuentran, y disparan sus escopetas desde un andén a otro, poniendo en grave riesgo a los viajeros durante la intervención policial que llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento". denuncia la ONG.

Amnistía Internacional solicitó a los pocos días una investigación rápida, eficaz e imparcial a través de un organismo independiente del uso desproporcionado de la fuerza y la ONG considera que no se ha producido. La organización se ha dirigido en tres ocasiones al Ministerio del Interior, la última el pasado mes de mayo.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana archivó sin aplicar sanción alguna la investigación interna abierta para esclarecer la actuación de los agentes antidisturbios que irrumpieron en Atocha, según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía. Estas mismas fuentes precisaron que este archivo se produjo después de una "exhaustiva investigación" de meses en la que, entre otros motivos, se dio mucho peso al informe facilitado por Renfe sobre lo ocurrido aquella noche. En el mismo se indica que unas 300 personas accedieron a la estación "forzando los tornos", "cruzando indebidamente las vías", y "agrediendo" a vigilantes de seguridad y policías.

Amnistía denuncia que desconoce el resultado y la metodología empleada para realizar dicha investigación interna y muestra sus dudas sobre la imparcialidad de esta investigación, ya que antes de llevarse a cabo, las autoridades aseguraron públicamente que la intervención de los agentes había sido la correcta. La organización lamenta la falta de transparencia por parte de las autoridades para esclarecer hechos tan graves como los ocurridos el 25 de septiembre.

Añaden que les gustaría saber "¿qué tipo de investigación se ha realizado?, ¿quién la ha hecho?, ¿ha seguido los estándares internacionales para este tipo de sucesos?, ¿qué método ha utliizado?, ¿a cuántas personas ha entrevistado?, así como si han revisado las imágenes y entrevistado a los viajeros, manifestantes y agentes".

Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, ha vuelto a pedir al gobierno español "que haga públicos los resultados de su investigación sobre los abusos cometidos durante la convocatoria Rodea el Congreso y recuerda a las autoridades que tienen el deber de proteger el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y expresarse en libertad".

En España, las denuncias por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía a menudo ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables. En los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias se archivan al no poderse identificar a los agentes implicados, algo que incumple la propia normativa policial que obliga a los agentes a ir identificados. Esta situación genera un clima de impunidad frente a los abusos.