El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha defendido este viernes que se han dado pasos importantes en los últimos días para aclarar algunas dudas sobre impuestos y tributos que podrían facilitar la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina, en Burgos.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero ha explicado que ha tenido la ocasión de hablar sobre este asunto con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con quien ha compartido que se han dado esos "pasos importantes" para aclarar algunas de las dudas de las compañías propietarias de la central, Endesa e Iberdrola, sobre los impuestos que debían pagar en concepto de combustible nuclear utilizado.

"Existe todavía un marco de posibilidades para que la central nuclear recupere la actividad", ha sentenciado el consejero de Economía y Empleo, que ha valorado las actuaciones llevadas a cabo para que el reactor burgalés, sin actividad desde diciembre de 2012, recupere la producción.

La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó ayer el Proyecto de Ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que ahora será remitido al Senado para su debate.

Esta modificación permitirá que la planta burgalesa no tenga que pagar los 150 millones de euros de impuestos por combustible nuclear utilizado fruto de una nueva tasa que las propietarias rechazaron y por la que motivaron la decisión de no pedir la prórroga de la vida útil de la central.

Tras una tramitación 'exprés' que en apenas una semana ha finiquitado el debate de totalidad y la revisión del más de un centenar de enmiendas presentadas por los grupos, el Proyecto de Ley sólo ha incorporado las 17 propuestas del PP, por lo que el dictamen ha sido respaldado únicamente por el grupo que da sustento al Gobierno frente a la abstención del PNV y el voto contrario de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y CiU.

Con los cambios aprobados, se reconoce una exención del 85 por ciento en el Impuesto de Electricidad a los procesos electrolíticos y de reducción química, mineralógicos y metalúrgicos para mejorar su competitividad, se modifican las sanciones a las embarcaciones que utilicen combustibles no permitidos, se precisan los cambios en las deducciones al Impuesto de Sociedades y se exime a los barcos utilizados para la enseñanza del pago del Impuesto de Matriculación, entre otras cosas.

Más medidas en la reforma integral

La portavoz 'popular' de Hacienda, Ana Madrazo, ha afirmado que es "imprescindible" aprobar esta normativa porque "avanza en el proceso de consolidación fiscal" y permitirá "recuperar ingresos tributarios a los niveles propios de un país desarrollado", algo "esencial para cumplir los compromisos pero también para mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales".

En concreto, el PP prevé que sólo la eliminación de deducciones del Impuesto de Sociedades que prevé este proyecto aporte ingresos adicionales de 3.650 millones de euros al año a costa de las grandes empresas, porque "el Gobierno quiere que paguen más los que más tienen y menos quienes generan actividad económica y crean empleo, como son las pymes y los autónomos".

Por su parte, el nuevo gravamen sobre los gases fluorados de efecto invernadero es un "intento" de promover un cambio de comportamiento, aunque Madrazo ha reconocido que hay que "profundizar" más en la senda de la fiscalidad verde y ha asegurado que será una de las vías fundamentales de la reforma profunda del sistema tributario que se planteará a principios de 2014.