El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, del que es titular Ana López-Suevos, ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa de la 'trama agraria' denunciada por el PPdeG, que llevó ante los tribunales la supuesta existencia de un entramado del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) para la captación irregular de fondos públicos y contratación de afines al PSdeG cuando el bipartito estaba al frente de la Xunta.

Ya con su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta, en 2010, el PPdeG acusó a los socialistas de "sacar por la puerta de atrás" de la Xunta mediante casi 1,9 millones de euros a través de un supuesto entramado de una treintena de asociaciones vinculadas con el sindicato agrario que tendrían acceso a subvenciones de la Administración autonómica.

Con fecha de 10 de septiembre de 2013, el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que UU.AA. denunció que el Gobierno autonómico había ordenado visitas de inspección para comprobar la regularidad de las subvenciones de las que desconfiaba el PPdeG y defiende que testimonios de cargos de la administración respaldan que los pagos de la Consellería de Traballo, cuando la dirigía el socialista Ricardo Varela, estaban "justificados".

"Insistimos, como ya hicimos en nuestro anterior auto, que a nuestro juicio, las explicaciones vertidas por funcionarios especializados de la propia Xunta desvirtúan las sospechas delictuosas afirmadas por la parte denunciante", recoge el texto.

"incumplimientos de índole laboral"

Aunque la causa fue posteriormente ampliada, el auto también aborda la denuncia inicial que dio lugar a la misma y que provocó la apertura en la Cámara autonómica de una comisión parlamentaria: el caso de M.I.B., la supuesta agente electoral que habría viajado a Argentina para hacer campaña a favor del PSdeG con cargo a fondos públicos.

Concluye el auto que en la contratación de M.I.B. hubo "diversos incumplimientos de índole laboral", como el hecho de "haber sido destinada a un centro de trabajo que no se corresponde con el de su empleadora formal, la Asociación de Viticultores do Castro, sino con UU.AA. de Vimianzo".

Sin embargo, ha agregado que "sí parece probado" que desempeñó "las funciones de índole administrativa" propias de la función para la que había sido contratada.

Duda de su "versión"

En cuanto a que el alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, habría "obligado" a M.I.B. a viajar a Argentina y actuar como agente electoral, el auto lo pone en duda. Señala que ella en su declaración afirmó que fue así, pero admitió también que la mayoría de llamadas "las realizaba desde su vivienda sin control de sus superiores laborales", por lo que "no parece que fuese fruto de una obligación impuesta".

"La cuestión de desempeño de funciones de agente electoral en Argentina, aún aceptándola como cierta, es difícil de calificarla de obligada e impuesta dentro del marco laboral y, en este sentido, la afiliación socialista de la afectada hace dudar de su versión", subraya el auto.