La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos 'Cartaya Pública' ha entregado este miércoles las primeras 2.500 firmas que ha recogido en defensa de la gestión pública de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y de recogida de basuras.

Según ha informado la plataforma en un comunicado, esta primera entrega irá seguida de otras con el objetivo de evitar que el Gobierno municipal que forman ICAR, PP y PA "privatice esos dos servicios durante 25 años".

Para 'Cartaya Pública', el agua y la recogida de basuras deben ser servicios gestionados "de forma pública y no entregados a empresas privadas que lo único que buscan es su enriquecimiento".

De este modo, destacan que la plataforma considera que la operación mediante la cual el Gobierno municipal pretende privatizar esos servicios durante un cuarto de siglo es "de tal trascendencia para el municipio que hace necesaria la convocatoria de un referéndum para que los habitantes de Cartaya tengan la oportunidad de pronunciarse a favor o en contra de esa medida".

Así, han recordado que "ninguno de los partidos políticos que forman el Gobierno municipal se presentó a las últimas elecciones municipales defendiendo en su programa la privatización de esos servicios, sino todo lo contrario". Apuntan que "el PP incluso llegaba a proponer en su programa la creación de una empresa municipal que gestionase el abastecimiento y saneamiento de aguas".

La plataforma considera que los partidos que han defendido en el pleno del Ayuntamiento la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y de recogida de basuras (ICAR, PP, PA y UPyD), "han traicionado a sus electores". Por ello, para evitar que esos partidos sigan adelante con una medida que "nunca anunciaron en las elecciones que iban a tomar", es "imprescindible" que los vecinos y vecinas se puedan pronunciar sobre la privatización, pues, "si se lleva a cabo, hipotecará el futuro de varias generaciones de cartayeros".

'Cartaya Pública' rechaza la privatización del agua y de la recogida de basuras, "la haga quien la haga", y defiende que esos servicios básicos se gestionen desde el sector público con criterios de "eficiencia, calidad y rentabilidad social, y no para que unos cuantos hagan negocio a costa de lo que es de todos".