La defensa de González Mata niega "insultos" o "frases injuriosas" contra la juez Alaya

Recuerda que la Fiscalía ha "visto" ya el recurso de apelación que la Audiencia ha decidido remitirle a cuenta de su contenido

Juan Pedro Cosano, el abogado defensor de José González Mata, dueño de la consultora 'Uniter' e imputado en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, ha negado este lunes cualquier "insulto, exabrupto o frase injuriosa" en el recurso de apelación remitido por la Audiencia Provincial a la Fiscalía a cuenta de su contenido. El letrado de González Mata valora que la Audiencia proteja "la figura de la juez instructora" Mercedes Alaya, pero lamenta que no suceda lo mismo con los "derechos" de los imputados y sus abogados defensores.

Como se informó la semana pasada, la Audiencia Provincial ha estimado sólo parcialmente el recurso de apelación promovido por José González Mata contra el auto emitido por la juez Mercedes Alaya el 18 de junio ordenando su ingreso en prisión.

El recurso en cuestión, recogido por Europa Press, defiende que el dueño de Uniter "es un profesional exquisito que lo que ha hecho es prestar sus servicios de mediador de seguros en el contexto de un sistema que ni ha creado ni ha impuesto, sino al que se ha adaptado". Dicho recurso, además, entiende el auto de ingreso en prisión como un instrumento para "facilitar la imagen de mi cliente esposado y conducido a un centro penitenciario" y "condena a prisión" a González Mata al "fijar una fianza que se sabe no va a poder hacer efectiva", ordenando así "en realidad una prisión incondicional", extremo que "no es constitucionalmente legítimo ni se acomoda a las exigencias del Estado de Derecho; lejos de ello, es perverso, inaceptable, inicuo y malévolo".

El ritmo de alaya

Según expone el recurso, el procedimiento judicial dirigido por la juez Mercedes Alaya "pone en tela de juicio la inocencia de muchas personas sin darle oportunidad a defenderse, alimentando la fobia de muchos hacia todo lo que suena a política" y "se tramita con una lentitud exasperante". Y es que, según el recurso, "se demoran decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de la competencia y la jurisdicción", en clara alusión al caso del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico y actual diputado nacional José Antonio Viera, cuya imputación podría suponer la elevación del caso al Tribunal Supremo a cuenta de su condición de aforado.

El recurso incluso avisa de que la instrucción recuerda "mucho" a "las características del ya afortunadamente extinto proceso inquisitivo". Ante este recurso, la Audiencia provincial emitía el pasado 8 de agosto una Providencia estimando el mencionado recurso "en el único sentido de reducir la fianza" de 600.000 a 450.000 euros "en metálico o mediante aval bancario o garantía hipotecaria", pero remite el propio recurso a la Fiscalía al entender que el mismo contiene "expresiones y frases que podrían incidir en el terreno de lo delictivo". Señala así el "exceso dialéctico" del recurso y sus "juicios de valor, cuando no de intenciones, acerca de la juez".

El aviso de la audiencia

La redacción del recurso, según la Audiencia, incurre en una "grave conducta absolutamente innecesaria, pues se admite una "libertad de expresión cualificada o reforzada", pero no "el insulto y la descalificación innecesaria".

El abogado defensor de José González Mata, Juan Pedro Cosano, ha manifestado al respecto, en declaraciones a Europa Press, que le suscita una "profunda decepción" que la Audiencia haya resuelto remitir el contenido del recurso a la Fiscalía. "Mi recurso ya lo ha visto la Fiscalía. Si entonces el Ministerio Público no vio delito, no sé a qué viene enviar al fiscal algo que ya ha visto", se ha encogido de hombros, para empezar, el abogado de González Mata.

Niega "insultos o exabruptos"

Pero además, ha negado que el recurso contenga "ni un solo insulto o exabrupto, ni una sola frase calumniosa o injuriosa". En ese sentido, ha reconocido que la Audiencia Provincial "tienda a proteger la figura de la juez instructora", pero ha lamentado que no suceda lo mismo "con los derechos de los imputados y sus abogados", quienes, por ejemplo, se ven obligados a "esperar por sistema una o dos horas en cada citación judicial".

Cosano, además, ha lamentado que la mencionada providencia de la Audiencia Provincial "se dedique en gran parte a defender la demora de la juez en imputar a personas aforadas", cuando se trata de un aspecto "nimio" en el recurso de apelación, que "combatía más otras cuestiones". Además, ha lamentado que la citada providencia contenga "errores impropios de una audiencia", porque la citada providencia "alude a la detención policial" de González Mata y el dueño de 'Uniter' "nunca ha sido detenido o ha declarado en sede policial", según expone.

"desde marzo"

Igualmente, lamenta que la Audiencia argumente la no ratificación de una auditoría esgrimida por la defensa de González Mata sobre las comisiones contabilizadas por 'Uniter' a cuenta de su papel en las pólizas de seguro de rentas de los expedientes de regulación de empleo investigados. Y es que, según Juan Pedro Cosano, "Llevamos pidiendo desde marzo que se cite al perito para ratificar la auditoría".

Sobre las comisiones en cuestión, pues a González Mata se le atribuye un enriquecimiento ilícito en el marco de las supuestas comisiones infladas cosechadas por las empresas mediadoras del sector de los seguros a la hora de diseñar estos expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía, el letrado lamenta que la Audiencia Provincial "no dedique ni una sola línea" al argumento de la defensa del empresario en cuanto a que 'Uniter' "soportaba los gastos de las asociaciones de trabajadores" relacionadas con los procedimientos en cuestión.

"La Audiencia no distingue entre comisiones brutas y netas", lamenta el abogado. Juan Pedro Cosano, además, censura que la Audiencia Provincial considere que "la intervención" González Mata en los hechos investigados "es más relevante" que la del propio exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, figura clave en la causa a cuenta de su cargo.

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