El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha explicado los planes de gestión ambiental, que la Comunidad estructuró en 14 áreas de planificación integrada, están siendo "objeto de estudio y trabajo por parte de la Consejería y de la Dirección General todavía en estos momentos", y que el proceso de Planificación ambiental del Noroeste "todavía no está cerrado", pero espera poder aprobarla en septiembre "con el consenso de organizaciones agrícolas y empresariales".

Ha contestado así a los presidentes de COAG Murcia, Fecoam, Fapen y la Asociación de Empresarios del Noroeste (Aenor), que han asegurado que la planificación de los espacios naturales del Noroeste y del resto de la Región supondría una destrucción de empleo "demoledora", de entre el 10 y el 25 por ciento, es decir, unos 20.000 empleos, pudiéndose ver afectadas entre el 45 y 50 por ciento de las 600.000 hectáreas de agricultura de las que dispone la Región, "con lo que desaparecería el 50 por ciento de la producción y de empleo y finalmente sobraría el agua".

A este respecto, Campos ha avanzado que tiene concertada una reunión con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) para los primeros días del mes de septiembre, en la que espera que se pongan encima de la mesa "los puntos en los que no ha existido acuerdo".

"Tenemos algunas posibilidades de actuación pero lo importante es conocer los puntos de discrepancia", ha ratificado el consejero, quien espera que las organizaciones empresariales y agrarias "pongan de manifiesto esos puntos en la reunión de septiembre para llegar aun acuerdo en materia de planificación integrada".

Y es que ha recordado que los planes "tienen que estar elaborados de acuerdo a criterios de legislación básica del Estado y de directivas de la Unión Europea que, "indudablemente son de obligado cumplimiento".

Por tanto, ha emplazado a los empresarios y agricultores a que extraigan los puntos fundamentales en los que no hay acuerdo si no están satisfechos con la resolución de las alegaciones, para facilitar que la Consejería "pueda dar una solución dentro de la legalidad".

Espera que el plan de gestión del Noroeste pueda ser aprobado "con consenso" en septiembre "siempre dentro del escrupuloso respeto de la legalidad vigente en materia medioambiental y, fundamentalmente, en la legislación básica y de las directivas".

Campos ha manifestado que "no existe un acuerdo con las asociaciones que integran el grupo de trabajo", pero la Consejería les ha trasladado "el deseo de conocer todos aquellos puntos en los que no están conformes "para posibilitar ese acuerdo que, no me cabe duda, vamos a obtener".

Espera que "se imponga el sentido común" y las organizaciones agrarias, empresariales, cooperativas y de propietarios "tengan en cuenta lo que nos jugamos en esta planificación, y que faciliten esa labor fundamental que debemos conseguir entre todos, que es llegar a un acuerdo para que la Región no se descuelgue del resto de regiones mediterráneas que están trabajando intensamente en su planificación".

Ha destacado las 12.000 alegaciones presentadas "han sido respondidas", y un 99 por ciento "se han aceptado total o parcialmente su contenido". Por ello, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los agricultores y asociaciones.

"El proceso está abierto y nuestro deseo es el acuerdo y el diálogo", ha insistido el consejero, quien ha recordado que la planificación integrada y todo lo relativo al uso de la Red Natura "no es un capricho de la política ambiental del Gobierno, sino que viene impuesto por la legislación básica del Estado en estricto cumplimiento de las directivas".

Ha aseverado que la Comunidad no tiene competencias en materia de medio ambiente, sino que gestiona el medio ambiente, y que la legislación "restrictiva" es "la legislación básica del Estado y las directivas que esta ley está desarrollando".

Por tanto, ha advertido que la Comunidad Autónoma "tiene discrecionalidad hasta ciertos límites, marcados por la legalidad, y hay cuestiones en las que no se puede entrar". Por ejemplo, ha puntualizado que la aprobación de los LIC en el Noroeste "no la lleva a efecto la Comunidad, sino que se hace una propuesta al Ministerio, que la remite a la Comisión Europea, que es la que aprueba los LIC".

En cualquier caso, ha aclarado que tanto los LIC como las ZEPAS "se tienen que integrar en las zonas de especial conservación", y la Comunidad "tiene un cronograma en materia de planificación integrada que se ha remitido a Europa y que tenemos que cumplir".

En definitiva, ha remarcado que la planificación integrada "viene impuesta por Europa, y nosotros tenemos que desarrollarla en el marco de la legislación básica, y lo importante dentro de ese proceso es llegar a un acuerdo de consenso en el que poder atender los razonamientos que no vulneren la legalidad vigente".

Penalizaciones para los incumplidores

Además, el consejero ha añadido que el Ministerio "ha aprobado un decreto en el que se establece que, en aquellos supuestos que se abrieran procedimientos de responsabilidad por incumplimiento de la legislación europea, la responsabilidad no será de España, sino mancomunada entre las distintas comunidades autónomas incumplidoras".

Por tanto, la Comunidad tiene el "reto" de aprobar estos planes de gestión antes de que termine 2014, y de ello "va a depender que la Región de Murcia participe en la distribución de fondos de la Red Natura otorgados por la UE para el periodo 2014-2020 a distribuir en toda Europa, cifrados en una cantidad que ronda los 6.500 y 7.500 millones de euros".

"Indudablemente, la no conclusión de estos planes dentro de plazo, determinará una responsabilidad, aparte de una pérdida importante de beneficios para los agricultores", ha lamentado.

El consejero ha señalado que la cantidad total que se podría perder "no está estimada por el momento", pero advierte que pueden ser "muchos millones de euros, puesto que la valoración inicial de la hectárea en zona de la Red Natura podría rondar los 80 ó 90 euros".

En función de la valoración final, de las ayudas que se reciban de la UE y del número de hectáreas afectadas, la cantidad que se dejaría de percibir "sería importantísima". A ello habría que añadir las subvenciones que obtienen los agricultores en las zonas de la Red Natura.

Campos ha vuelto a tender su mano y ha brindado de nuevo su ofrecimiento de diálogo a las asociaciones agrarias de la Región dejándoles muy claro que siempre tendremos en cuenta los intereses de los agricultores dentro de ese respeto a la legislación europea, que es la que marca la hoja de ruta.