Una jueza de Michigan ordenó este viernes a Detroit, que suma más de 18.500 millones de dólares en deudas, que retire su solicitud de bancarrota al considerar que la medida reduciría pensiones que están protegidas por ley y viola la constitución del estado.
La jueza Rosemarie Aquilina, del Tribunal del 30 Circuito, también recomendó al gobernador de Michigan, Rick Snyder, que lea la constitución estatal y "reconsidere sus acciones". Snyder autorizó ayer la solicitud de declaración de bancarrota de Detroit que había recomendado el administrador de emergencia de la ciudad, Kevyn Orr.
La bancarrota o quiebra tiene que ser autorizada por un juez federal, que determinará en un periodo de entre 30 y 90 días, si la ciudad estadounidense es elegible para el proceso.
Poco antes de la solicitud de declaración de bancarrota, los representantes de fondos de pensiones habían solicitado a la jueza Aquilina que bloquease el proceso para evitar verse afectados por la suspensión de pagos.
Tras la decisión de Aquilina, el Fiscal General de Michigan, Bill Schuette, presentó una apelación y solicitó que el proceso se acelere para conseguir lo antes posible la autorización de declaración de bancarrota.
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