La decana del Colegio de Jueces de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, ha afirmado que la vinculación de la falta de motivación en las sentencias con la ley de tasas, "no responde a la realidad".

El discurso de Martínez ha respondido a las "inapropiadas e injustas" declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Enrique Valdés Joglar, que ha criticado la menor motivación y la falta de valoración de pruebas en las sentencias, por parte de los jueces, debido a la aplicación de esta nueva normativa.

La decana ha dejado constancia, en la rueda de prensa previa a la reunión de este viernes, del desconocimiento de los jueces durante la valoración de la sentencia sobre si esta va a ser recurrida posteriormente o no; por lo tanto no pueden decidir "dotarla de mayor profundidad de razonamiento y análisis" antes de llegar a una resolución de la misma.

"La acitud del juez no puede cambiar", según Martínez, a la hora de fundamentar una sentencia pues cada una de ellas merecen la motivación que, de acuerdo con la portavoz del Colegio, "merezca el asunto que se estudia".

El acuerdo de la reunión de este viernes entre los Jueces de Primera Instancia ha dejado manifiesta la "dedicación y esfuerzo" de estos profesionales en sus resoluciones, pese a la carencia de medios y recursos en el servicio de la Administración de Justicia, que ha aprovechado para denunciar el Colegio en esta ocasión.

Los ciudadanos recurren menos sentencias

Es verdad que desde el Colegio de Jueces se ha notado la bajada de la actividad de ciudadanos que acuden a las administraciones de justicia desde la implantación de la ley de tasas, sin embargo, este hecho no implica que se ponga en duda la profesionalidad de los jueces cuando, de acuerdo con Martínez, "siempre se ha destacado el buen hacer de los jueces de Asturias a la hora de dictar sentencias", ha señalado.

El Colegio de Jueces de Primera Instancia, Mercantil y Social de Oviedo finalmente ha criticado la confusión de la opinión pública, por parte de Valdés Joglar con sus declaraciones por provocar, según han concluido, "un injustificado descrédito del trabajo que se desarrolla a diario por los miembros del Poder Judicial", de acuerdo con el comunicado de la Junta de jueces.