El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha reclamado este jueves a la jueza Mercedes Alaya "celeridad" en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. En concreto, le ha pedido que "cuanto antes alcance el nivel de traslado de conocimiento y de actuación certera ante los andaluces".

"Los andaluces necesitamos saber, llegar al fondo de esta cuestión, como hemos puesto de manifiesto tanto desde el Gobierno andaluz como desde las fuerzas políticas una y otra vez y hay que seguir insistiendo", ha señalado a los periodistas, advirtiendo, además, de que la comisión de investigación en el marco del Parlamento andaluz "llegó más allá que donde ha llegado la jueza".

En opinión de Valderas, que ha firmado con el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, el convenio para la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2013, "lo demás obedece al debate desde el punto de vista de la táctica y la estrategia de cada formación en el Parlamento de Andalucía".

Pnl del pp-A

Así se ha pronunciado el vicepresidente en relación con el voto en contra de IULV-CA, este pasado miércoles en el Pleno del Parlamento, a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP-A en la que se pedía, entre otros puntos, que la Cámara andaluza considerara como responsables políticos, en la concesión ilegal y fraudulenta de las ayudas sociolaborales y a empresas otorgadas al amparo del programa presupuestario 31L, a los consejeros, viceconsejeros y directores generales de Trabajo de la Consejería competente en materia de Empleo entre los años 2001-2010.

También se rechazó considerar responsables políticos a los presidentes y vicepresidentes de la Junta entre 2001 y 2010, es decir, a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías.