La prostitución genera enormes preocupaciones tanto entre ayuntamientos y entidades que luchan por ayudar a quienes la ejercen, como entre los vecinos y empresarios que conviven con ella.

Desde 2009 han sido diez las ciudades andaluzas que han regulado esta actividad en sus calles y establecen sanciones (hasta de 3.000 euros) para quienes ofrecen estos servicios o  los solicitan.

Andalucía tiene 28 municipios grandes (con más de 50.000 habitantes), de modo que actualmente cerca de cuatro de cada diez cuentan con normativas específicas en este sentido.

De las grandes capitales, solo Granada (más de 239.000 habitantes), Málaga (sobrepasa los 567.000) y Sevilla (más de 702.000) dieron ese paso en 2009, 2010 y 2011. Y las decisiones de sus ayuntamientos no estuvieron exentas de críticas. El resto no lo ha dado y tampoco piensa hacerlo, a excepción de Almería, donde se viene hablando de una ordenanza así desde 2008.

La prostitución no genera «graves» conflictos ni en Jaén, ni en Cádiz, Córdoba, Huelva, según explican a 20 minutos en sus consistorios.

Las primeras en aprobar medidas para regular esta actividad fueron El Ejido (Almería), de algo más de 83.000 habitantes, y Marbella (Málaga), más de 140.000. Estepona (Málaga), más de 67.000 vecinos; y El Puerto y Algeciras (Cádiz), casi 90.000 y cerca de 117.000, respectivamente, han sido las últimas: en 2012 y 2013.

Los ayuntamientos de Almuñécar y Motril (Granada) han anunciado también su intención de analizar los modelos adoptados en otras ciudades para evitar la prostitución en sus calles. Sin embargo, las quejas no han cesado del todo allí donde ya existe normativa. Tras la entrada en vigor en Sevilla, por ejemplo, las críticas de vecinos de Sevilla Este han proseguido. Lo mismo ha ocurrido en Algeciras o El Puerto.