La Audiencia de Barcelona ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 28 de la capital catalana reabrir la querella presentada por la extenista Arancha Sánchez Vicario contra su padre, su hermano Javier, su antiguo abogado y un economista.

La magistrada archivó la causa alegando que no existían indicios de criminalidad para imputarles y que, en cualquier caso, la investigación competía a los tribunales con jurisdicción en Andorra, Luxemburgo y Suiza.

Además, obliga a tomar declaración en calidad de imputados al padre de la extenista, Emilio Sánchez Benito, su hermano Javier, su antiguo abogado Bonaventura Castellanos Matarrodona y al economista Francisco de Paula Oro Clot, en relación con los delitos de apropiación indebida, delito societario, administración desleal y falsificación documental.

En su resolución, el tribunal reprende a la juez instructora porque el archivo provisional decretado es incorrecto, pues la ley reserva este supuesto a los casos en los que no existen indicios suficientes o se desconozca el autor. No es el caso, como recuerda el tribunal, que señala que aún no se ha llegado a practicar ninguna diligencia de instrucción para determinar si hay indicios o no de criminalidad.

En su querella, Arancha recuerda que desde que empezó su carrera profesional a los 14 años hasta que se retiró, tras los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004, su padre y el abogado Bonaventura Castellanos tomaron todas las decisiones relativas a la adminitración de las empresas cuya finalidad era "proteger su patrimonio e invertir los elevados beneficios económicos que la tenista ganaba".

Sin embargo, la Inspección de Hacienda dictó en 2005 un acta de infracción por la liquidación incorrecta del IRPF y le impuso una sanción administrativa de 5,2 millones de euros, que el Tribunal Supremo confirmó en 2009. Arancha perdió la confianza en su padre y el letrado de la familia y ordenó una auditoria de las cuatro sociedades de las que era accionista mayoritaria y que eran titulares de su patrimonio inmobiliario y activos financieras.

El resultado de la auditoría, alega la extenista en su escrito recogido en la resolución de la Audiencia, permitió constatar la existencia de "numerosas órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias" emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona por más de 16 millones de euros.

Al no obtener una explicación, se querelló en ante un juzgado de Barcelona, ciudad donde residen los querellados. Es por ello que el tribunal considera que "la cuestión de la competencia es irrefutable" aunque las empresas tuvieran la sede en Andorra, Suiza y Luxemburgo. Los procesos civiles o mercantiles iniciados en dichos países no interfieren en este proceso penal, como tampoco las demandas cruzadas interpuestas en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y la capital catalana.