Un barón del PP rebaja su tramo del IRPF, otro pide no aplicar el último repago farmacéutico, el Gobierno vasco se niega a quitar la extra a los funcionarios. Cataluña y Madrid aprueban nuevos impuestos. Andalucía aprueba su propio decreto antidesahucios... Las Comunidades Autónomas transitan cada vez más de la protesta retórica contra los recortes del Gobierno a la acción directa, emprendiendo políticas opuestas a la línea que marca el Ejecutivo de Rajoy.

Con los comicios autonómicos y municipales en el horizonte (a año y medio), nadie quiere que los recortes o un Gobierno en permanente contestación social hagan mella en su electorado. ¿Se puede hablar de una revolución de las Comunidades Autónomas contra el Gobierno? ¿Por qué hasta las Comunidades Autónomas del PP disienten?

"La conflictividad entre Comunidades Autónomas y Gobierno es un proceso que viene de muy atrás", explica Sandra León, politóloga y profesora en la Universidad de York, "en parte porque en los partidos políticos, sobre todo en el PP y en el PSOE, viene dándose una centrifugación de poder hacia los barones regionales. Mientras que en los años 80 si alguno disentía del aparato central, el partido lo castigaba penalizándole en la siguiente lista, ahora es el candidato nacional el que muchas veces se tiene que apoyar en las bazas de alguna autonomía para ganar".

El proceso de empoderamiento de los barones se ve además retroalimentado por la crisis, que ha pillado a España "con todas las transferencias en manos de las Comunidades Autónomas" y con un Estado "sin dinero para invertir, que solo reparte austeridad", explica León.

Un caso ejemplar, la reacción del presidente madrileño, Ignacio González (PP), a la bajada de su asignación en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, que ha denunciado dejan "a la región en una situación insostenible".

Y es que la confrontación y la  política de la diferenciación del Gobierno de Rajoy afecta también a las Comunidades gobernadas por el Partido Popular. Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, acaba de pedir al Gobierno la retirada del repago farmacéutico hospitalario. Antes, el presidente regional de Extremadura, José Antonio Monago (aunque se niegue a que le coloquen la etiqueta de "nuevo verso suelto del PP"), tomaba varias decisiones contrarias a la línea marcada por Moncloa, como aplicar un IVA cultural del 13% —y no del 21% como el resto de España— o rebajar el tramo autonómico del IRPF. En su caso, en el disentimiento extremeño influye la alianza de gobierno con Izquierda Unida.

Luego está el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), cuyo Gobierno estudia fórmulas que permitan la reducción de impuestos en 2014, implementar líneas de ayudas para favorecer a las empresas o "hacer más llevadera" a las familias "su relación fiscal" con el Ejecutivo.

En la carrera de las autonomías por alejarse del  Gobierno central, la profesora León ve preciso distinguir entre "políticas autonómicas heterogéneas" y las "políticas de conflicto". No es lo mismo, explica, que una Comunidad Autónoma "incluya el cambio de sexo en su cartera de servicios sanitarios gratuitos" a que "otra decida que pagará la extra de Navidad cuando el Gobierno central la suprime, o que boicotee la aplicación de una ley estatal".

La extra de navidad enfrentó al Gobierno vasco del PNV con el Ejecutivo de Rajoy. El PNV quiso abonar dicha extra a sus 67.000 funcionarios, pero el pago fue paralizado por un recurso del Gobierno central en Tribunal Constitucional. El PNV también ha desafiado a Rajoy prestando atención médica a los inmigrantes, en contra de lo establecido en la nueva ley sanitaria. Y ahora se opone al repago farmacéutico hospitalario.

La memoria estadística del Constitucional, tribunal donde se dirimen los conflictos entre las Comunidades y el ejecutivo central, revela una litigiosidad en auge desde 2009. Aquel año se presentaron cinco recursos por proyectos que no convencían a alguna de las partes (uno interpuesto por las autonomías al Gobierno, cuatro del Gobierno a medidas puestas en marcha por las autonomías). En 2012, se interpusieron 33: 20 contra leyes estatales y 13 contra normas regionales. Entre los 25 recursos interpuestos por el Gobierno los últimos dos años, 12 fueron por leyes catalanas.

Cataluña es, sin lugar a dudas, la Comunidad más díscola. Tanto que hasta se plantea un referendo sobre la Independencia. Dicho proceso y la imposición por parte del Gobierno de una reducción drástica del déficit han abierto una crisis política sin precedentes entre la Generalitat y el Ejecutivo.

El euro por receta, un nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios en el lado catalán y las tasas de Justicia o la reforma educativa de Wert son también fuente de desacuerdo entre ambas administraciones. Así como la modificación de Educación para la Ciudadanía. El ministro de Educación quería eliminar "cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico", un cambio que no gusta a Cataluña, que anunció una adaptación de la parte del currículo que queda en sus manos, un 45%, para devolverle su esencia. A buen seguro retirarán el concepto de "nacionalismo excluyente" añadido por Wert.

Las desavenencias entre administraciones suelen tener origen en la confrontación PP-PSOE. Es el caso de Andalucía, donde el expresidente socialista José Antonio Griñán (PSOE) garantizó una beca de 1.500 euros a los estudiantes que fueran acreedores de ella por su renta familiar con solo el probado. Y la acutal presidenta, Susana Díaz, no mejora las relaciones: acaba de anunciar el recurso judicial al repago farmacéutico en los hospitales.

Un ejemplo más: mientras el Congreso de los Diputados, con la mayoría del PP, aprobaba una norma para luchar contra los deshaucios, la Junta andaluza aprobaba su propio decreto que incluía la expropiación temporal de viviendas "en caso de riesgo de exclusión social". La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo consideró de una "demagogia sin límites" y un "mensaje equívoco" para los mercados internacionales.

También ha enfrentado a las dos administraciones la aprobación de la Junta del anteproyecto de la futura Ley de Mecenazgo que, entre otras medidas, apuesta por incentivar la adquisición y consumo directo de bienes y servicios culturales mediante deducciones del 15% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hasta un límite de 240 euros por actividades como la compra de libros o adquisición de entradas para el teatro o el cine.

Para Sandra León la clave está en "la delgadísima línea" que separa la política heterogénea de la conflictiva. "Se pinta la heterogeneidad consustancial al sistema autonómico como un problema, pero que las Autonomías hagan distintas políticas es algo intrínseco a un poder descentralizado. Es lógico que los territorios experimenten, que haya 17 laboratorios funcionando, ese debería ser uno de los  beneficios del sistema. Otra cosa es que por no conseguir consensuar una política común se desemboque en una situación de desigualdad de los ciudadanos".