El Gobierno de Mariano Rajoy propone la eliminación de los Defensores del Pueblo que existen en muchas comunidades autónomas como una medida de ahorro, según se recoge en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.

En ese extenso documento, que se dará a conocer públicamente este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se incluye el calendario de aplicación de las  medidas y el coste estimado de muchas de ellas. El gasto que implica mantener los defensores del pueblo autonómicos es una de las cifras que ha calculado el Ejecutivo, que aboga por su eliminación porque existe esa institución a nivel nacional, presidida en este momento por la exministra Soledad Becerril.

Fuentes del Ejecutivo han admitido que hay CC.AA en las que el Defensor del Pueblo autonómico, como ocurre en Cataluña con el Sindic de Greuges, tiene un "valor político mayor" y han subrayado que serán las comunidades autónomas las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

"Las CCAA pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos", señala el Gobierno en un breve resumen del informe de la CORA adelantado este jueves a los medios de comunicación, en el que también se alude a la posibilidad de reducir el tamaño de las asambleas legislativas.

En el mismo capítulo de racionalización del sector público, el Gobierno plantea a las comunidades que por parte de órganos estatales se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos, un ofrecimiento que hace tras haber analizado "el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal con igual o mejor calidad".

Éste es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos y órganos de defensa de la competencia, entre otros.

También se incluyen otras medidas que abogan por la "compartición de medios" entre las distintas Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.