Los consejeros vascos de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, la vocal del CGPJ Margarita Uria y la presidenta de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), Ibone Bengoetxea, han firmado esta tarde el "Convenio de colaboración sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar para posibilitar la adopción de medidas de carácter social".

La firma se ha producido en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un acto presidido por Juan Luis Ibarra, que ha contado con la asistencia de los miembros de la sala de Gobierno y los Jueces Decanos del País Vasco, el Fiscal Superior de País Vasco, Juan Calparsoro, así como las viceconsejeras de Justicia, Ana Agirre, y la de Vivienda, Covadonga Solaguren, y los directores de Justicia, Manuel Valín y administración de Justicia, Jon Uriarte, y la directora general de Eudel, Mar Zabala.

El convenio interinstitucional establece un protocolo de actuación para los casos de especial vulnerabilidad cuando se produzca un lanzamiento de vivienda derivado del impago del alquiler o del préstamo hipotecario.

En concreto, se crea un itinerario, que parte de la instancia judicial y en el que intervienen los Servicios Sociales y los de Vivienda, y al que pueden recurrir las personas en riesgo de desahucio de su vivienda habitual.

El objetivo es abordar, de manera conjunta y coordinada, una serie de medidas de actuación social para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que pudieran detectarse en el curso de los procedimientos judiciales o por las Administraciones Públicas vascas.

COMPROMISOS

Las tres instituciones firmantes se comprometen a actuar en conjunto para dar una respuesta a las personas que estén en riesgo de perder su vivienda habitual.

Así, el Consejo General del Poder Judicial pondrá a disposición de los juzgados información sobre la organización, funcionamiento y competencias de los servicios sociales y trasladará los ayuntamientos los datos no confidenciales relativos a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.

El Gobierno vasco podrá proceder a la adjudicación directa de viviendas de protección oficial a personas en riesgo de perder su vivienda habitual. Además, pondrá a disposición de las personas que lo demanden el servicio de mediación hipotecaria, la asistencia jurídica gratuita o las ayudas de emergencia.

Por último, la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, procurará que los ayuntamientos den una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los juzgados y comuniquen la resolución que ponga fin al expediente.

A través de los servicios sociales municipales, los ayuntamientos valorarán las circunstancias concurrentes y acometerán las actuaciones pertinentes, todo ello en colaboración con los servicios de la Viceconsejería de Vivienda y/o de la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco.

Tras la firma del acuerdo, Juan María Aburto ha valorado este pacto como un paso "imprescindible para acercar la administración a los problemas reales de las personas, buscando soluciones a situaciones excepcionales". "A veces los propios afectados se bloquean y puede ocurrir que no lleguemos a conocer sus problemas. Da vergüenza reconocer las necesidades", ha advertido.

Por ello, ha animado a los afectados por los desahucios a hablar con su entorno o con los servicios sociales de base y que no se cobijen en la soledad, ya que "siempre puede haber soluciones si se buscan entre todos". "Que nadie viva estas soluciones en soledad", ha pedido.

Por su parte, Josu Erkoreka ha puesto en valor la unión de las diferentes administraciones en un objetivo común para servir al ciudadano "desvalido, que necesita apoyo, respaldo y protección de los poderes públicos".