El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido este lunes firmemente la labor de los fiscales del 'caso Palau' y su autonomía y ha solicitado respeto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

"No puedo estar de acuerdo cuando la libertad de crítica pone claramente en cuestión un trabajo que es exclusivamente profesional, constitucional y basado en criterios de aplicación de términos iguales de un concepto de legalidad", ha asegurado.

Torres-Dulce respondía de este modo a las palabras de Mas, quien el pasado viernes calificó de "puras suposiciones y puras elucubraciones" el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el 'caso Palau' que asegura que el partido cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de Ferrovial.

Tras inaugurar una sesión del grupo de trabajo hispano-francés de cooperación judicial contra el terrorismo que se celebra este lunes en Madrid, el fiscal general ha reiterado que siente "al máximo la libertad de expresión y a las opiniones políticas", como ha sido en este caso la del presidente de Cataluña, si bien ha recordado que siempre pide que no haya intromisión política en el trabajo del fiscal.

A juicio de Torres-Dulce, el equipo de fiscales que ha trabajado en este caso, a cuyo frente se encuentra Emilio Sánchez Ulled, ha realizado su labor con total respeto de la legalidad y la imparcialidad.

"Me gustaría que hubiese igualmente todo el respeto como el que tenemos nosotros hacia las actuaciones del Ministerio Fiscal", ha comentado respecto de la reacción de Mas al escrito de Anticorrupción.

"Lo único que puedo decir es que la Fiscalía de Cataluña, igual que las Fiscalías del resto de España se comporta siempre con sujección al mandato constitucional", ha insistido. "Somos imparciales y estamos sujetos al principio de imparcialidad, y tribunales serán los que decidan finalmente en los procesos abiertos", ha concluido el fiscal.

Finalmente, Torres-Dulce ha reconocido que el trabajo de la Fiscalía de Catalunya "probablemente no podrá compartirse", si bien no obedece en modo alguno a posiciones políticas sesgadas ni a un tratamiento desigual, sino a un correcto impecable ejercicio de las labores que confiere la Constitución al Ministerio Público.